Federalismo Autoritario

El federalismo a debate una vez más... como tantas veces.

Federalismo es competencias, recursos y poder. 

Federalismo es forma de gobierno, régimen político, historia e ideas.

Cuando de su revisión se trata, hay que considerar los principios que lo integran, su noción doctrinal, su estructura constitucional, los equilibrios de poder y los alcances que tiene.

El federalismo forma parte importante de la evolución del país; elemento inseparable y complementario del principio democrático del Estado mexicano en el proyecto de nación, instituido en la Constitución Política del país desde sus orígenes como entidad independiente.

Desde el inicio formal de la República con la promulgación de la Constitución de 1824, ha sido tema fundamental de consulta y debate nacional que define el rumbo del Estado; símbolo de unión coordinada y orientada entre la federación, las entidades miembros y los municipios, que supone la participación equitativa de esos tres ámbitos de competencia en las tareas a realizar y, por ende, en el reparto de los recursos necesarios para su existencia.

Aunque inspirado en el modelo del vecino país del norte, el federalismo en México surge en circunstancias diversas a las de aquel, que implican su distinción y que lo identifican con nuestra sociedad, al haberse acomodado a sus necesidades.

En efecto, en tanto que para las trece colonias inglesas de Norte América que a la postre formaron los Estados Unidos, el sistema federal nació ante la necesidad de unirse y concentrar el poder de todas ellas para oponerlo al de la corona inglesa, con la finalidad de obtener su independencia; en el caso nuestro, por el contrario, surgió luego de su emancipación de España, como mecanismo para la descentralización del poder público, en derrama hacia las provincias que en virtud de la primera ley fundamental, la Constitución de 1824, se convertirían en los estados federados, para su debido ejercicio en todo el territorio de la República, que como tal, desde entonces adquiría vida.

Así el federalismo, ha sido adoptado por las Constituciones Políticas de la República de 1824, 1857 y 1917, y se ha aplicado el sistema federal como característica fundamental de nuestra forma de gobierno, en razón de la cual coexisten, con jurisdicción distinta, los órganos centrales y los estados-miembros, coordinados entre sí, por la Constitución Federal.

En ese tenor, nuestro máximo Código Político de 1917 que actualmente nos rige, reitera en su artículo 40, el federalismo, al estatuir que “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

A casi dos siglos de la adopción del sistema, la sociedad mexicana ha experimentado una profunda evolución. Es más plural, crítica, informada y reflexiva en torno a la problemática nacional. El federalismo se ha adecuado a las nuevas realidades sociales, a una normalidad democrática, que observa una  mayor participación de la ciudadanía. Las entidades federativas tienen un dinamismo importante y mayor intervención en los destinos de la nación y en la toma de decisiones. 

¿Somos federalistas?  Si nos ceñimos a la doctrina política y jurídica diremos que sí, con sus matices. Es más aproximado establecer que hay un federalismo mexicano, donde los tres órdenes de gobierno, coexisten en un océano de normas sobre cualquier cantidad de materias, que comprenden los términos de coincidencia y concurrencia que se dan entre ellos.

Las voces que se han alzado en la revisión del federalismo, particularmente el fiscal, provienen de las distintas regiones de la República, concretamente los gobiernos estatales; aducen inequidad y desproporción, al denunciar una mejor distribución de los recursos públicos para el debido cumplimiento de las atribuciones que les son propias; sin duda, reclamos ciertos, aunque temas añejos que se actualizan.

El debate se centra en replantear un listado específico de las competencias y atribuciones del Gobierno que permita a los estados federados desarrollar sus propias capacidades de autogobierno, sin demasiadas interferencias y que los recursos, procedentes del centro, en su mayoría, llegan, “etiquetados”; es decir, ingresan a la órbita local, sólo para darle aplicación operativa a determinadas actividades, en condiciones de estrechez financiera que, deja como saldo, más problemas de orden político y social que ventajas a los estados.

Se argumenta que México requiere un federalismo que impulse la participación cotidiana de la sociedad con el Estado, en términos de una vinculación que tienda a la legítima representación de aquella; que redefina sus características conforme a la época actual para mayor equidad en la distribución de los recursos públicos; que reconozca que los estados y municipios cuentan hoy con capacidad suficiente para su administración autónoma, y que acepte como complemento indispensable para su avance, un mayor dinamismo social que haga realidad el carácter que la Constitución asigna a las entidades federativas y ayuntamientos.

La discusión toral de una reforma al federalismo pasa por revisar el sistema de financiación autonómo, el reparto de transferencias y participaciones a dichos Gobiernos.

El actual Gobierno federal es concentrador y centralista. En 18 meses de mandato, ha ejercido sus atribuciones con exceso; sin formas, ni reparo, con autoritarismo. Los hechos lo evidencian; a saber: abrumadora imposición de designaciones en el Congreso Federal (nombramientos del Fiscal General de la República, de la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  de comisionados de otros organismos); adjudicación del presupuesto, para disponer libremente del gasto público; desaparición de medio centenar de fideicomisos de la administración pública; disminución económica, a organismos constitucionales autónomos -destaca el caso del INE- ; afectación a órganos reguladores; la antidemocrática Ley Bonilla; militarización de la seguridad pública en el país; entre otras. Desde el inicio de la gestión, se fincó un camino de exceso; se derogaron las últimas reformas trascendentes de la vida pública: la educativa y la energética. Se apresuraron en cancelar la obra pública más importante en la historia del país: el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Este mosaico de decisiones alcanza a la administración pública centralizada y paraestatal, y a los otros poderes de la Unión, el Legislativo y el Judicial; revelan un exceso presidencial y el sentido autoritario del régimen.

Ceñir las propuestas del análisis al pacto federal, en términos de equidad, corresponsabilidad y eficacia, no es suficiente. Es indispensable la voluntad política de los actores del poder. Readecuar el enfoque federalista en el momento histórico actual, se torna complejo.

¿Habrá interés por una modificación federalista más acorde a las necesidades regionales, tendiente a disminuir asimetrías financieras, que desde el centro del país asfixian potencialidades de los estados? ¿Apostarán desde la Federación, a generar flujos de acción para un desarrollo desde “afuera del centro” por medio de una redistribución con esquemas de proporcionalidad equitativa? Se antoja complicado. Se requiere de una toma de conciencia en la esfera presidencial; que se interrogue con visión de Estado; que motive un examen para avanzar hacia una asignación económica a las entidades, menos desigual. 

El escenario del momento no es propicio para incorporar estos temas en la agenda nacional. Los apremios económicos federales y las tensiones políticas y sociales con varios estados complican la situación.

Se requiere una convicción federalista y municipalista desde el Gobierno de la República. Los hechos constatan lo contrario. Ni hay intención, ni vocación de redistribución y equilibrio hacia los estados y municipios. Pero ¡Ellos le llaman transformación!