Expertos regañados

Si atendemos al curso de los acontecimientos que se han generado en torno a la iniciativa para derogar dos párrafos del artículo 37 de la Constitución local, podríamos imaginar que tiene sus días contados. 

Un elemento para dudar de su futuro inmediato es el retiro de la orden del día de la sesión del pasado martes, y el otro es el conflicto que se generó entre el Presidente de la Comisión de Fiscalización, José Menchaca, y la titular de la Auditoría Superior del Estado, con motivo de las declaraciones de esta última en torno a la rentabilidad social de los programas de becas, uniformes y útiles escolares.

Respecto al retiro de la orden del día, no puede dejar de tomarse en cuenta la advertencia de que el dictamen de esa iniciativa será presentado al Pleno para su análisis y votación, una vez que la propuesta sea socializada, como lo anunció la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Irma Tirado Sandoval.

En el otro aspecto, durante la sesión del jueves, el Presidente de la Mesa Directiva y prácticamente único integrante del grupo parlamentario del PAN que atrae reflectores, Roberto Cruz, exhortó a la titular de la ASE a emitir sus recomendaciones apegándose a la Ley, y le dijo que si tiene recomendaciones para mejorar la ejecución de esos programas sociales, debe hacerlas ejerciendo las facultades que le confiere el artículo 8º de la Ley de la Auditoría Superior.

El Presidente de la Comisión de Fiscalización se sumó de inmediato al exhorto y, en una auténtica joya de congruencia con sus declaraciones recientes, señaló que lo político debe verse en el Congreso y lo técnico en la ASE. ¿Quien le entiende? Hace tres semanas, para justificar la renuncia a la facultad del Congreso de suspender las cuentas públicas y de expedir finiquitos, argumentó que la idea era despolitizar las tareas de fiscalización y ponerlas en manos de los expertos; ahora la jefa de los expertos fue condenada al silencio.

También se dijo que la derogación de dos párrafos del artículo 37 de la Constitución tenía por objeto homologar las prácticas de fiscalización con las que realiza la Auditoría Superior de la Federación, por lo que nos preguntamos si el Diputado Menchaca habrá tenido oportunidad de escuchar o leer en alguna ocasión las declaraciones de Juan Manuel Portal, titular de ese órgano, señalando las deficiencias de políticas públicas, programas y procedimientos del gobierno federal, que ya se hicieron práctica común.

Ambos diputados parecen pedir a la Auditora Superior del Estado que no haga polvo, al mismo tiempo que levantan una polvareda, pues el reclamo en la más alta tribuna del Estado se advierte injusto e innecesario. Se exige a gritos a la Auditora callarse para respetar la Ley, pero se ignora que uno como Presidente de la Mesa Directiva y el otro como Presidente de la Comisión de Fiscalización, deben sujetarse a procedimientos internos para imponer la disciplina y, en corto, advertir incluso la posibilidad de destitución de la funcionaria si cuentan con los argumentos legales suficientes.

El artículo 16 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado obliga a sus servidores públicos, titular incluida, a guardar estricta reserva sobre la información y documentos que en su ejercicio conozcan, (lo que por cierto no fue argumentado por los diputados regañantes), pero también es verdad que la Auditora Superior no reveló dato alguno respecto a lo que se ha revisado respecto de los programas aludidos, pues solo mencionó que no funcionan adecuadamente y por lo tanto no están logrando el fin social para el que fueron diseñados. No hay pues más razón para el regaño que el haber utilizado el micrófono y las cámaras que al menos uno de los diputados considera exclusivo.

En tales condiciones el exhorto pudo y debió ser realizado en forma interna, sin necesidad de una demostración pública de poder que raya en el abuso; ¿O será que estos diputados no han escuchado que la ropa sucia se lava en casa? Se olvidan que el regaño en público es vituperio, y cuando éste se dirige contra el titular de una institución, no hace más que debilitarla. Su actitud contradice el discurso de robustecer la fiscalización de las cuentas públicas que se implementó en defensa de la iniciativa a la que nos hemos referido.

Quizá una mejor actitud sería que ambos diputados presentaran la iniciativa para reformar el artículo 16, para que el titular de la Auditoría Superior pueda exponer en forma responsable los problemas de ejecución de todos los programas de gobierno, y solo sancionarla cuando dolosamente cause un daño con su declaración.

Con la actitud del Presidente de la Mesa Directiva y del Presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿qué imparcialidad podemos esperar en el análisis de la iniciativa presentada por la Auditora para que se otorgue al órgano de fiscalización la autonomía completa?

Qué bueno que no se discutirá en lo inmediato el dictamen para derogar los dos párrafos al artículo 37 y que se pretenda una socialización auténtica. Ojalá que se aproveche para reconocer que su proceso inició a la inversa, y que el replanteamiento inicie a partir de otras iniciativas que efectivamente demuestren que se pretende reforzar la competencia y los recursos jurídicos y económicos de la ASE, pasando por su autonomía. 

Solo así se demostrará la buena intención del legislativo. Solo así quedará en claro que la existencia del recurso político de la suspensión de cuentas y del finiquito son ya innecesarios, porque se cuenta con otros instrumentos para garantizar que la corrupción y la impunidad no serán más la marca de la casa.