Encuestas y propaganda electoral

La legislación electoral mexicana contempla diversas formas o manifestaciones de la propaganda electoral, y se refiere a ella en forma limitativa como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía su plataforma electoral.

En los procesos electorales del presente siglo ha surgido un nuevo instrumento propagandístico que no se incluye en la definición legal, y que ha demostrado ser altamente efectivo frente a un electorado poco analítico, que no toma su decisión a partir de la valoración de atributos de cada candidato para ejercer la conducción del Estado.

A diferencia de los incluidos en la definición legal, y no obstante que este elemento es quizá más efectivo, la única regulación que existe obliga a sus autores a registrar ante el INE la metodología utilizada para su elaboración, por lo que ningún partido o candidato puede ser sancionado por su utilización propagandística.

Este elemento es la encuesta, que en la actualidad es utilizada conscientemente por estrategas electorales para manipular la mente inconsciente del elector, con el fin de conducirlo a la conclusión de que el candidato que se ubica en el primer lugar de las preferencias de los encuestados, será irremediablemente quien obtenga el triunfo en la elección.

Las encuestas son en este sentido auténticos mensajes subliminales, es decir una comunicación que se ubica por debajo del nivel de conciencia del individuo; su publicación constituye el estímulo que no es percibido de forma consciente, pero influye en la conducta de su receptor, que en el caso de lo electoral es la comunidad completa.

La encuesta fue originalmente diseñada como una técnica de recopilación de datos en una muestra representativa de individuos, para conocer su opinión, actitudes y comportamientos, a cuyos resultados se aplica una metodología científica para ampliar la conclusión a toda la sociedad. Su utilización en el ámbito electoral ha venido afectando la confiabilidad, no solo por la inadecuada aplicación de la metodología, sino porque presumiendo su posible uso irregular, un número no despreciable de ciudadanos se niega a contestar los cuestionarios y otros responden con falsedad.

La manipulación de la metodología utilizada en una encuesta de preferencias electorales puede darse desde la selección del objeto de estudio, como el tamaño de la muestra, o el diseño de las preguntas para llevar a respuestas predeterminadas por el encuestador, o el privilegiar territorios en los que determinada fuerza política es dominante, sin incluir otras con las que se logre un adecuado equilibrio, entre otras.

Un elemento que tradicionalmente ha generado desconfianza es el tamaño de la muestra, pues se piensa que entrevistar a mil ciudadanos en un universo de cien millones no puede ser adecuadamente representativo; y otra crítica importante es que se anuncien los resultados sin integrar o integrando arbitrariamente a quienes no respondieron y a quienes declararon no tener una preferencia definida al momento del levantamiento de la información. En este último caso, lo que se ofrece al público es una información incompleta o intencionalmente tergiversada.

Por ejemplo, una encuesta publicada en los primeros días del mes de mayo por CC News, LSR y Enkoll, habiendo transcurrido solo un tercio de las campañas presidenciales, otorgó a López Obrador un 45% de las preferencias; a Ricardo Anaya el 29%; a José Antonio Meade el 18%; a Margarita Zavala el 5% y a Jaime Rodríguez, el Bronco, 3%. La suma de dichos porcentajes arroja 100%, lo que una vez analizado no resulta necesariamente cierto.

Por allá en un espacio aparte de la gráfica con resaltes de color que muestra las posiciones de los contendientes, se aclara que el 33.3 por ciento de los mexicanos, es decir 19 millones 650 mil 160 electores, aseguró que aún no sabe por quién va a votar, lo cual quiere decir que la encuesta es engañosa al crear la falsa percepción de que los resultados se refieren al 100%, cuando un tercio no ha manifestado su intención de voto y no hay elemento alguno que sirva de base para asegurar con certeza que esa tercera parte de los electores vaya acudir a las urnas, y de hacerlo, a quien favorecerá su voto.

Lo que más llama la atención en estos momentos es la facilidad con que se muestran diversidad de resultados, que ponen en duda la honestidad de las casas encuestadoras, pero sobre todo su carencia de responsabilidad frente a la ciudadanía.

El estudio mencionado con anterioridad arrojó 45 puntos para el primer lugar, en tanto que la revista Forbes basada en la encuesta de Parametría lo ubicó en 39, seis puntos de diferencia; a Ricardo Anaya se le adjudicaron 25 puntos contra los 29 de la primeramente mencionada, para una diferencia de 4; y a José Antonio Meade se le atribuyen 14, frente a los 18 de la otra, también con una diferencia de 4 puntos. Por su parte, el estudio de  Consulta Mitofsky asigna 32.6% a AMLO, 28% a Anaya y 19.8% a Meade, presentando en el primer caso una diferencia de 12.4  puntos entre una y otra encuesta, solo por lo que se refiere al candidato puntero.

Si la diferencia de un estudios a otro fluctuara entre uno y tres puntos, podría aceptarse como razonable dado el margen de error metodológico, pero cuando rebasa esa cifra no puede hablarse de estudios basados en una metodología científica.

Son estos elementos los que justifican la creencia generalizada de que la encuesta favorece a quien la paga, percepción que a mi juicio no puede ser generalizada respecto de la encuesta misma, pero sí en cuanto a la forma de su presentación pública. 

Lo que finalmente nos deja la revisión de las diferentes encuestas, no es la certeza de que la elección esté definida de antemano hacia uno u otro candidato, sino la gran incógnita del papel que las casas encuestadoras están jugando, del que debería corresponder a la autoridad electoral en materia de propaganda en relación con las encuestas, así como la necesidad de una más estricta regulación de esta figura.