El ultimátum al Fiscal

En medio de las marchas de protesta contra la impunidad que impera en los crímenes de periodistas, pero también de maestros, médicos, abogados, empresarios, policías, jóvenes y mujeres que han sido víctimas de la violencia en Sinaloa, de pronto han surgido voces que contrastan con la espontánea y justificada demanda de justicia que se ha escuchado con fuerza en la Catedral de Culiacán, en Palacio de Gobierno, en las calles y plazas públicas de varias ciudades del estado y del país. 

Ciertamente, al cumplirse un mes del cobarde homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, y ante la falta de avances en las investigaciones, pareciera que las autoridades estatales y federales intentan sepultar en el olvido el crimen, como ha ocurrido con los casos de otros compañeros comunicadores que también han sido asesinados en los últimos años. 

Es probable que algunos pudieran tener motivos para calificar como ineptos a quienes están a cargo de la investigación, ante la nula respuesta que se ha obtenido a las preguntas básicas sobre el crimen: ¿Quiénes y por qué lo mataron? 

Otros podrían tener razón al cuestionar a las autoridades estatales y federales, como los amigos más cercanos y compañeros de trabajo de Javier, quienes han acusado públicamente que desde el gobierno se está protegiendo a los criminales. 

La desconfianza no es gratuita, de sobra es conocido dónde han terminado casi todas las líneas de investigación de homicidios cuando estas tocan las peligrosas fibras del crimen organizado y su probable complicidad con altos funcionarios de gobierno, como se ha señalado en las recientes manifestaciones. 

El hartazgo de los cientos que han salido a manifestarse para exigir un alto a la impunidad criminal representa el sentir de miles de sinaloenses que durante muchos años han sido testigos de la degradación moral, social y política de nuestro estado, agudizada por la corrupción que nos ha metido en un callejón sin salida. 

Sin embargo, resulta igualmente sospechoso que el escenario esté siendo aprovechado por algunos charlatanes del activismo social, políticos oportunistas y uno que otro periodista cuya arrogancia y soberbia no tiene límites, que han llegado al grado de exigir la renuncia del Fiscal General de Justicia, Juan José Ríos Estavillo, ante la falta de resultados en las investigaciones sobre el asesinato de Valdez Cárdenas. 

Ahora resulta que la impunidad de los homicidios en Sinaloa comenzó con el actual gobierno. 

Hay que ser claros, la ausencia de castigo en la que se encuentra más del 90 por ciento de los delitos que se cometen en la entidad no surgió de la noche a la mañana, es un lastre que se arrastra desde hace décadas. 

La impunidad criminal es arropada por una amplia red de corrupción en la que están involucrados policías, comandantes y agentes del ministerio público, pero también jueces, magistrados del poder judicial y funcionarios de gobierno. 

Qué fácil es para algunos atribuir la paternidad de todos los males del sistema de procuración de justicia de Sinaloa al Fiscal General Ríos Estavillo, quien apenas tiene tres meses en el cargo. 

Resulta por lo menos muy extraño que incluso haya quienes le estén poniendo un plazo fatal de 15 días para que renuncie si no resuelve el asesinato de Javier Valdez, cuando en todo el sexenio anterior callaron ante la negligencia del entonces Procurador, Marco Antonio Higuera Gómez, con varios casos similares, como el asesinato del también periodista Humberto Millán, que hasta la fecha no ha sido aclarado.

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Preguntas para los que tienen en la mira al Fiscal… ¿La renuncia de Juan José Ríos Estavillo, “obligada” por la presión social y mediática, sería la solución del caso Javier Valdez? 

¿Un nuevo Fiscal resolverá el crimen en 15 días?

Al margen de la falta de resultados en la investigación, ¿Hay alguna responsabilidad legal del Fiscal en el caso Javier Valdez? 

Está claro que moralmente es más exigible una renuncia por una supuesta omisión o incapacidad, pero ¿Se le puede juzgar a priori como incapaz?

La exigencia de resultados tiene que plantearse, sin duda, pero ¿Hay algún indicio que desde el poder se esté protegiendo a los asesinos? 

Por supuesto que no hay que bajar la guardia, estamos de acuerdo en que debe mantenerse la presión, incluso con el apoyo colectivo, pero no pasemos por alto que en todo el mundo la discreción es un elemento fundamental para salvaguardar los puntos torales de una investigación criminal, si lo que se busca es el éxito de la misma.

¿Una versión pública de la investigación? 

¿Cómo para qué? 

¿No se están creando las condiciones para que los autores intelectuales ejecuten a los autores materiales del crimen… si es que acaso no están muertos ya?

Lo deseable es que la demanda de justicia y la presión mediática sean compatibles con la racionalidad.

Twitter: @victortorres_mx