El Ejército debe continuar la limpia

Dirigentes de organismos sociales, activistas de Derechos Humanos, colegios de abogados y diversas asociaciones civiles, manifiestan con toda libertad sus opiniones sobre la problemática de la seguridad pública del estado.

Casi a diario, estos “voceros de la sociedad” están en los espacios de los noticieros de radio y televisión, y ni se diga en las primeras planas de los periódicos. 

Critican, cuestionan, e incluso juzgan públicamente a los gobernantes cuando estos cometen errores, o bien, cuando la conducta de algunos funcionarios no se sujeta a lo que establecen sus facultades legales, por decir lo menos.

Y qué bueno que los voceros de dichos organismos critiquen cuando algo no anda bien, ya que como representantes de sus respectivos gremios están para velar por los intereses de sus afiliados, sobre todo cuando se trata de un asunto fundamental para la convivencia social, como es la seguridad.

Y en efecto, en Sinaloa vemos con mucha frecuencia que algunos dirigentes sociales, e incluso ciertos líderes de cámaras empresariales, denuncian la falta de resultados en la lucha contra la delincuencia, pero también regularmente callan cuando algo desde el gobierno se está haciendo bien en esta materia.

Lo anterior viene al caso porque, a pesar de que no ha sido nada afortunado el arranque de la nueva administración estatal que encabeza el gobernador Quirino Ordaz, la realidad nos indica que no todo en Sinaloa está tan mal en materia de seguridad.

En medio de la peor escalada de violencia que se haya tenido en muchos años, y con algunos casos de verdadero escándalo, como la fuga de cinco internos de alta peligrosidad del penal de Culiacán, o la entrega que hicieron cuatro policías municipales de ocho jóvenes detenidos a un grupo armado, hay algo que, desde nuestro punto de vista, se está haciendo bien, al menos hasta ahora. 

Nos referimos a la capacitación y depuración de las corporaciones de seguridad.

Ante la sospecha de que un alto porcentaje de policías estatales y municipales están coludidos con grupos del crimen organizado, el gobierno del estado, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, tomó la valiente decisión de realizar una limpia a fondo en las corporaciones locales.

Nadie podrá negar que esta durísima y arriesgada tarea no la podía hacer nadie más que el Ejército Mexicano. 

Como primer paso, el mando militar instrumentó un programa de capacitación y adiestramiento, el cual tiene carácter de obligatorio para todos los elementos estatales y municipales. 

Sin embargo, para tener derecho al entrenamiento militar— y conservar su empleo— los policías deben aprobar antes el examen de control de confianza, y precisamente ahí es donde varios no han podido pasar, por lo que en su momento tendrán que dejar su lugar a quienes sí cumplan con dicho requisito.

Cabe mencionar que el proceso de depuración de los cuerpos de seguridad no ha estado exento de quejas de policías que señalan como excesiva la disciplina militar, e incluso algunos han denunciado malos tratos en los campamentos, pero también hay que decir que un porcentaje aceptable ha logrado concluir el curso y ya se reincorporaron a sus respectivas bases. 

Pero no han faltado las voces que denuncian que, en los operativos contra la delincuencia, los militares violan los derechos humanos de presuntos criminales, cuando éstos son detenidos.

Sin embargo, cuando algo les pasa a los soldados, como en el caso de la emboscada del pasado 30 de septiembre en Culiacán, donde murieron cinco jóvenes militares, esas mismas voces callan, como si los elementos del Ejército no tuvieran derechos, en su calidad de ciudadanos mexicanos, a quienes protege la misma Constitución.

Con frecuencia, los delincuentes se victimizan, con el apoyo de sus abogados, y terminan criminalizando a las fuerzas armadas.

Hoy, cuando están por cumplirse los primeros tres meses de la administración estatal, y en pleno proceso de depuración de los cuerpos de seguridad, aparecen de nuevo esas voces, exigiendo que el Ejército abandone las tareas de Seguridad Pública que realiza desde el pasado 1 de enero, a petición del gobernador Quirino Ordaz. 

Seguramente, los detractores de las fuerzas armadas argumentarán que tres meses son suficientes para dar resultados, cuando todo mundo sabe que el cáncer de la corrupción en las policías está arraigado desde hace varias décadas.

Está claro que la limpia debe continuar… Sinaloa pagaría muy caro el error de interrumpir la gran labor que hoy realiza el Ejército Mexicano en apoyo al pueblo de Sinaloa.

GRAFITI

Resurge con fuerza el debate sobre la legalización de la marihuana… Los más escépticos dicen que el problema de la violencia generada por el narcotráfico no tiene solución en el corto plazo.

Otros, como el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, se pronuncian por la legalización del cultivo que produce la heroína y argumentan que sólo sería con fines médicos y científicos.

Tan sólo en Guerrero, una fuente militar calcula que la cosecha de amapola deja una derrama económica de mil 200 millones de pesos cada seis meses.

Pero el gran negocio está en los Estados Unidos, donde los traficantes, con una mano compran la droga y con la otra venden las armas con las que en México se mantiene la guerra contra el narco, que sigue dejando miles de cadáveres y desaparecidos… Qué cosas.

Twitter: @victortorres_mx