¿Democracia sin recursos públicos?

Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del PRI, hizo un anuncio que por su espectacularidad y coyuntura dejó pasmados a los dirigentes del resto de los partidos políticos: por conducto del coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, César Camacho, presentó una iniciativa para eliminar totalmente el financiamiento público de los partidos políticos, así como todas las posiciones legislativas y en los cabildos a las que se accede por la vía de la representación proporcional.

Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, dirigentes de PAN, PRD y MC e integrantes del Frente Democrático Ciudadano, quienes previamente habían anunciado una propuesta similar, se quedaron mudos, como también sucedió con Andrés Manuel López, quien se había manifestado de acuerdo con la propuesta de dichos dirigentes, no sin antes acusarlos de plagiarios, porque según él le robaron la idea. 

Se quedaron mudos porque el PRI llevó las cosas al extremo al presentar formalmente la iniciativa y demandar su aprobación inmediata para que aplique en el proceso electoral en curso.

Hasta entonces, la idea cuya autoría se disputaron los partidos en la subasta de quién da más para la atención de los damnificados por los sismos del mes patrio, era solo una fanfarronada con la que esperaban incrementar el número de sus adeptos, y de paso encontrar la posibilidad de que la exigencia ciudadana de destinar los recursos partidistas a ese objeto abortara. 

Lo cierto es que aunque los partidos se rasguen las vestiduras para que se les reconozca la paternidad, la demanda surgió del enfado ciudadano. 

Por lo pronto, el único que ha dado pasos ciertos para cumplir el ofrecimiento es el PRI, quien independientemente de la presentación de la iniciativa, entregó al INE su carta de renuncia a poco más de 258 millones 600 mil pesos, y solicitó su devolución a la autoridad hacendaria para que se aplique a la ayuda a damnificados. 

El resto continúa con propuestas futuras, sin precisar porcentajes ni señalar si el porcentaje de su aportación se aplicará al total de su financiamiento, o solo al que destinarán a campañas, que por cierto es el menor, y con la pretensión en el caso de Morena de entregarlo ellos mismos, sea en forma directa o por medio de un fideicomiso encabezado por notables del propio partido, lo que implicaría violentar no solo la normatividad electoral, sino incluso la de carácter penal.

Aunque como estrategia la idea de eliminar el financiamiento público puede resultar electoralmente fructífera para quienes la proponen, también tendría como efecto inmediato un reacomodo de fuerzas, debido a la segura desaparición de al menos cinco de los actuales partidos, que no tendrían fácil acceso a fuentes de financiamiento privado y quedarían en una extrema inequidad frente a PRI y PAN. 

También se prevé un fuerte impacto negativo sobre el PRD, y habría que esperar el efecto que produciría sobre el posicionamiento actual de Morena; pero seguramente se traduciría en serio obstáculo para que el actual Frente se convierta en coalición.

Por otra parte, la eliminación del financiamiento público implica un alto riesgo de que la incipiente democracia que con mucho esfuerzo estamos construyendo los mexicanos, se transforme en una plutocracia, esa forma de gobierno en la que el poder está en manos de los más ricos, en detrimento de los sectores sociales más desprotegidos, lo que puede traducirse en mayor pobreza y en la inminencia de una nueva sublevación violenta; porque quienes están en posibilidad de financiar a los partidos no darán dinero a cambio de nada.

Sin duda, la idea de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos es una reacción desproporcionada frente a la demanda social de mesura en el gasto. La exigencia ciudadana frente los partidos políticos debe orientarse ahora hacia la moderación de las medidas que proponen, para orientarlas hacia la reducción y el reordenamiento. 

Los partidos, todos, deben sentarse a discutir la forma en que se comprometerán con la sociedad a modificar el sistema de financiamiento antes del primer domingo de julio venidero, aunque esta reducción no aplique en el actual proceso electoral. Ese sí será un auténtico y serio mensaje de compromiso frente a la ciudadanía.

La modificación de la fórmula para que el monto de los recursos se determine en función de la votación emitida debe transitar ya, adicionada con otras medidas como deducir del importe determinado, el equivalente al valor comercial de los tiempos oficiales que se utilizan en la propaganda partidista, que también tienen un costo para la nación.

El incremento del tope máximo de recursos privados que los partidos puedan obtener, hasta una cantidad igual a la del financiamiento público, pero sin que los aportantes tengan derecho a deducir sus donativos políticos de los impuestos que están obligados a pagar.

El control de las adquisiciones materiales de los partidos desde el INE y los órganos locales, mediante el diseño de un sistema ágil de licitaciones, para que también los recursos partidistas, tanto públicos como privados, se manejen bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

La obligación de que el pago de las multas aplicadas a los partidos políticos se realice con recursos de origen privado, y que cuando se concedan plazos, se apliquen actualizaciones e intereses en términos de la legislación fiscal; y que aquellos recursos que no sean utilizados durante un ejercicio o campaña, sean devueltos a la autoridad hacendaria, dándoles el mismo tratamiento que a los subejercicios presupuestales del sector público.

La demanda social en lo inmediato debe consistir, primero, en que los partidos políticos acuerden un pacto nacional que concrete la renuncia de todos ellos a un porcentaje igual de los recursos remanentes del ejercicio 2017, para que se destinen de inmediato a la reconstrucción; segundo, el compromiso de aportar un porcentaje similar de los recursos que les corresponderán en 2018 y, tercero, el compromiso serio de revisar y modificar el sistema de financiamiento, hasta encontrar soluciones que no pongan en riesgo la democracia.  

Otro tema serán las consecuencias de eliminar la representación proporcional, de lo que habremos de ocuparnos en próxima colaboración.