Compactación legislativa

El pasado miércoles el gobernador Quirino Ordaz envió al Congreso del Estado la iniciativa para disminuir en un 25% el número de diputados, y en un 26.6% el total de los regidores de los ayuntamientos, con lo que satisface un deseo ciudadano y cumple con el compromiso hecho en campaña, hasta donde sus atribuciones legales lo permiten, pues la última palabra la tendrán el Congreso y los Ayuntamientos.

Un planteamiento similar había sido presentado hace un mes a nivel federal por diputados del PRI, a través de dos iniciativas, la primera suscrita por la diputada Nereida Plascencia, y la segunda por 82 diputados encabezados por César Camacho, además del Senador Aarón Irízar, quienes coincidieron en proponer que el tamaño de la Cámara de Diputados se reduzca en un 20%, para quedar compuesta por 400 legisladores, en tanto que la Cámara de Senadores tenga un decremento del 25% para quedar compuesta por 96 representantes populares. 

Destaca en ambas iniciativas la no modificación del número de diputados de mayoría relativa, pues la merma recae en el 50% de las curules de representación proporcional; en tanto que en el Senado se prevé la desaparición de los senadores que acceden por esta última vía, conservando únicamente a los electos por mayoría y primera minoría.

Estas propuestas no son las primeras ni las únicas, pues el planteamiento ha sido oferta de campaña desde 2012, tanto a nivel federal como local. Por ejemplo, en abril del año pasado el diputado perredista Guadalupe Acosta Naranjo presentó en tribuna la iniciativa de reforma a once artículos de la Constitución, para reconfigurar el Congreso de la Unión. En ella propone reducir a 300 integrantes la Cámara de Diputados, y a 96 la de Senadores, además de reducir  la edad para ser diputado o senador a 18 años.

Tanto en el plano nacional como en el local, las iniciativas parecen contar con el consenso de todas las fuerzas políticas y de una gran mayoría de los ciudadanos. Ningún político en su sano juicio osaría manifestarse en contra, ya que sería políticamente incorrecto discrepar de planteamientos que endulzan el oído y dan cabida a una especie de venganza ciudadana contra los servidores públicos más desprestigiados, los diputados federales, que de acuerdo con reciente encuesta de Consulta Mitofsky merecen menos confianza que los sindicatos y la policía.

Sin embargo, por su aparente rentabilidad política, estas iniciativas corren el riesgo de ser aprobadas sin analizar a fondo las consecuencias que puedan tener sobre la representación misma, ni el impacto en el grueso de los partidos.

La propuesta del PRI de no reducir el número de diputaciones de mayoría y centrar la afectación únicamente en las curules de representación proporcional, generará un desequilibrio representativo que excluirá de la representación a los partidos de menor votación, generará sobre representación de los mayoritarios, y pavimentará con ello el camino al bipartidismo. 

Situación similar acontece respecto del Senado, donde el PRI plantea desaparecer la representación proporcional, permitiendo el acceso únicamente por las vías de mayoría relativa y primera minoría, privilegiando a los dos partidos que resulten punteros en la elección y cerrando el paso al resto de ellos, con lo que pudiera terminar la pluralidad senatorial. 

Al respecto, el politólogo José Luis Antón Alvarado, en su artículo titulado “Eliminar plurinominales: una mala idea que suena bien”, publicado el viernes 17 de febrero en la página forbes.com.mx, sostiene que “reducir el número de plurinominales por asumir la falsa premisa de que éstos tienen una legitimidad distinta de la de los diputados electos por mayoría, implica abrir la brecha entre el número de votos obtenidos por un partido político, y la representación en curules que finalmente logra en el Congreso. Desapareciendo a la mitad de los diputados de representación proporcional, facilitaríamos el camino para que un partido político lograra una mayoría artificial; un 35% de los votos podría constituirse en 51% de los escaños. Algo que para México no sería ninguna novedad, pues el fenómeno se vivió a lo largo de prácticamente todo el siglo XX”.

A partir de lo anterior, el PRI debería repensar la propuesta, porque desde el punto de vista de sus intereses quizá no sea el mejor momento para aprobarla. La posición de ese partido en las encuestas previas al proceso electoral que iniciará en septiembre de este mismo año, hace pensar que los mejor posicionados serán Morena y el PAN, como lo ilustra la investigación demoscópica desarrollada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), que ubica al tricolor en un lejano cuarto lugar con el 4.5% de las preferencias, después de algún eventual candidato independiente (7.8%), el PAN (10%) y Morena (11%); en tanto que el estudio de Consulta Mitofsky ratifica ese cuarto lugar con 12.4%, contra un independiente (14.5%), el PAN (21%) y Morena (36.9%).

Frente a las iniciativas priistas, la del gobernador Quirino Ordaz tiene un mérito notorio, al plantear una disminución proporcional de curules por cada uno de los principios, lo que si bien generará un gasto inicial por la recomposición de los distritos, evitará el desequilibrio que se genera si solo se eliminan diputaciones plurinominales.  

En ese contexto, deberían nuestros legisladores resolver sin prisas, y sin la presión que puede producir el inicio del proceso electoral. Probablemente no alcance el tiempo para que la compactación aplique a la LXIII Legislatura, pues solo se dispone de cuatro meses para desahogar el proceso de reforma constitucional y las modificaciones legales, que deben quedar concluidas entre el 2 y el 16 de junio de este mismo año, al igual que los trabajos técnicos de la nueva geografía electoral, toda vez que el artículo 105 de la Constitución federal exige que las leyes electorales deben promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Paralelamente tendrá que discutirse las normas de la elección consecutiva o reelección que habrán de aplicarse por primera vez.

Antes de aprobar las iniciativas, convendría que tanto el Congreso de la Unión como el Congreso local respondan las interrogantes que los argumentos utilizados en las iniciativas generan, como ¿cuál será el ahorro real y efectivo que genere la reducción de legisladores y regidores? 

Por lo que se refiere al Congreso local y atendiendo a lo que se publica en su página electrónica respecto de las percepciones de los diputados, el ahorro anual rondaría los 20 millones seiscientos mil pesos por las diez diputaciones que se eliminarían, sin incluir los conceptos de transportación y combustibles a los que recientemente renunciaron. 

En la Cámara de Diputados se estarían ahorrando aproximadamente 176 millones cuatrocientos mil pesos anuales; en tanto que en el Senado no es posible precisarlo por la vaguedad de la información disponible, aunque se estima muy superior a los 49 millones de pesos anuales que representan las dietas de 32 senadores.

Un argumento común a todas las iniciativas, es que la reducción de legisladores hará más eficiente el trabajo legislativo, aunque ninguna de ellas ofrece una explicación de la forma en que habrá de lograrse. Por ello es necesario aclarar: ¿Qué significa hacer más eficiente el trabajo legislativo? ¿Debemos entender acaso que se presentarán y se resolverán más iniciativas? ¿Se resolverá la misma cantidad pero en menos tiempo? ¿El trabajo legislativo será el mismo pero con mayor calidad?, ¿Se consumirán menos recursos presupuestales en el trabajo legislativo?

Pero sobre todo, el análisis deberá referirse a los efectos sobre la representación y sobre la gobernabilidad del Congreso. Puede aceptarse como relativamente cierto que a menor número de diputados habrá mayor facilidad y celeridad para alcanzar acuerdos y consensos, aunque en el otro extremo se visualice una mayor facilidad para el control del voto de los diputados, lo que lo convertiría al Congreso de órgano de control del poder, a órgano controlado por el poder. 

Todos aspiramos a contar con congresos más eficientes, lo que se logra con organización interna, transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, con la consciencia de cada diputado sobre el papel del Congreso y sobre los principios a los que debe sujetarse su actuar individual.