Affair Baja California

"El Poder conseguido por medios culpables

nunca se ejercitó con buenos propósitos”

Cornelio Tácito

Temporalmente opacado por la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detonó en Baja California otro escándalo político que quiérase o no golpea a Morena y a su proyecto de 4T.

Veintiuno de los veinticinco diputados del Congreso bajacaliforniano acordaron mayoritaria pero sospechosamente la extensión del mandato del gobernador ya electo de dos a cinco años, en un capítulo más de una puesta en escena que se prolonga ya por casi cinco años, y que solo el empecinamiento del beneficiario Jaime Bonilla mantiene viva.

Como efecto de la reforma electoral de 2014, se impuso a las entidades federativas la obligación de que al menos una elección local se verifique en la misma fecha que una elección federal. Actuando en consecuencia, el Congreso de aquella entidad decidió que quien resultará electo como gobernador en 2019, iniciaría funciones el 1º de noviembre del mismo año y las concluiría el 31 de octubre de 2021.

Apenas emitida la convocatoria a elecciones fue impugnada, iniciando una secuencia jurisdiccional a partir de la resolución del Tribunal Electoral del estado que ordenó modificar su base sexta, para que el período de la gubernatura fuera de cinco años; y siguió con la decisión del TEPJF que revocó esa sentencia para mantener el período gubernamental en dos años.  

En abril de este año, el candidato de Morena y hoy gobernador electo, Jaime Bonilla, impugnó el decreto que estableció el período de dos años, y logró que el Tribunal local declarara inaplicable la medida legislativa, para fijar en seis años la duración del mandato; resolución que fue combatida en el ámbito federal por el PAN, PRI, PRD y PBC, ante lo que el TEPJF determinó una vez más que el periodo de gobierno será de dos años, escenario en el que se celebró la elección de julio pasado.

Por último, en una mañosa operación política que se atribuye al propio Jaime Bonilla, merecedora de un sin número de adjetivos injuriosos, el Congreso de Baja California en el que Morena cuenta solo con tres diputados que alcanzan apenas el doce por ciento de la representación, reformó de nuevo la Constitución estatal para decidir que el ya electo gobernador lo sea por cinco años.

Al calor de la reacción, varios dirigentes políticos y de opinión han condenado esa decisión, catalogándola de inconstitucional, pero si nos atenemos a lo establecido en el artículo 116 de la Constitución federal, no se desprende una violación directa, pues el único límite que en él se establece es que los gobernadores de los Estados no duren más de seis años en el cargo.

Quienes defienden la medida argumentan que el Congreso baja californiano tiene facultad para modificar la Constitución de su Estado, como lo hizo, a condición de que la decisión sea ratificada por tres de los cinco municipios de la entidad; sin embargo, no pueden sostener que la Constitución o la ley les faculta para modificar la duración del cargo de un gobernador ya electo, porque ni en la Carta Magna ni en ningún otro cuerpo normativo le está permitido hacerlo, y si no tiene esa facultad, sí hay una violación sustancial que puede derivar en la revocación del Decreto, mediante la aplicación del principio de legalidad, que significa que la autoridad únicamente puede hacer aquello que le está expresamente permitido.

Ya el gobernador Francisco Vega de Lamadrid se comprometió a no publicar en el Periódico Oficial del Estado la reforma constitucional, con lo que puede retrasar su entrada en vigor por diez días, luego de lo cual el Congreso está en posibilidad de ordenar la publicación. La pregunta es si en el actual contexto de rechazo, el Presidente de la Mesa Directiva se atreverá a ahondar el desprestigio de ese órgano dictando la orden; bien haría en reflexionar que siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto, y que lo correcto en este momento es dejar en el aire la desatinada decisión legislativa, para que sean los próximos diputados quienes corrijan la plana al principal sospechoso que, indiscutiblemente es el principal beneficiado: Jaime Bonilla.

En el alud de reacciones adversas, el PAN acusó que se trata del adelanto de una probable reelección presidencial, afirmación descabellada que le obliga a iniciar su combate jurídico para evitar incurrir, como ya lo hicieron sus diputados, en una terrible complicidad, porque como diría Víctor Hugo, entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa.

Como vergonzosa y simplista es la postura adoptada por la dirigente nacional de Morena Yeidckol Polevnsky, al afirmar que “es algo que la ciudadanía está pidiendo en Baja California porque dos años es poco”, o que “es una locura hacer una elección cada dos años”; lo que pone en evidencia su ignorancia de lo vida democrática, y a quien habrá que recordarle que quien piensa poco, se equivoca mucho.

Y como vergonzoso es también que Jaime Bonilla minimice el hecho afirmando que solo se trata de una corrección, pero sobre todo que recurra al gastado expediente de la vieja política, al negar la autoría intelectual de la antidemocrática decisión y retar a que se presenten pruebas de la supuesta corrupción de los diputados. Allá en la tranquilidad de su costosa residencia ubicada del otro lado de la frontera, deberá reflexionar en las palabras de Thomas Jefferson, “nadie abandona el cargo de Presidente [o de gobernador] con el mismo prestigio y respeto que lo llevó ahí”, porque su desgaste empezó temprano.

Vale la pena que escuche al Presidente de la República, quien al referirse al hecho que nos ocupa dijo que nada que sea injusto va a prosperar; que escuche a la clase política nacional, Morena incluido, que al unísono rechaza la medida.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no se mete en esos asuntos y que se le caería la cara de vergüenza y quedaría sin autoridad moral al autorizar una medida como la discutida; y tiene la gran oportunidad de inmiscuirse legalmente en el asunto y evitar el desaguisado, con una simple instrucción a su consejería jurídica para que controvierta la constitucionalidad de la nefasta decisión legislativa. Puede hacerlo, porque se lo permite el artículo 105 constitucional.