07/23/2026 05:31:00 p. m.
La sexta mesa de diálogo sobre el proyecto de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo concluyó este jueves con acuerdos para realizar una inspección en la zona federal y áreas de manglar, además de dar continuidad al análisis sobre comunidades indígenas y vigilancia ambiental, tema que había quedado pendiente desde la primera mesa de trabajo.
Las conclusiones de la sesión fueron presentadas por Iván Ramos Méndez, coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien explicó que el encuentro permitió profundizar en la situación jurídica de los terrenos donde se desarrolla el proyecto y en el proceso de consulta indígena.
Durante la mesa, representantes de Gas y Petroquímica de Occidente expusieron los antecedentes agrarios y registrales de los predios donde se construye la planta de amoniaco.
Detallaron el procedimiento mediante el cual las parcelas dejaron el régimen ejidal para convertirse en propiedad privada, así como las operaciones de compraventa mediante las que fueron adquiridas por la empresa.
Además, informaron sobre diversos procedimientos administrativos y judiciales relacionados con los terrenos, señalando que existen resoluciones de no ejercicio de la acción penal derivadas de denuncias por la compraventa de los predios y que la empresa promovió un juicio de amparo relacionado con actuaciones de inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
"Representantes del colectivo expusieron una interpretación distinta sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Señalaron que, con independencia de la discusión sobre la propiedad formal de los predios, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen derechos sobre los territorios y los recursos tradicionalmente ocupados. Manifestaron que la controversia trasciende la titularidad de los terrenos e involucra la protección del territorio como base de la supervivencia cultural del pueblo Mayo-Yoreme", expresó.
Por su parte, representantes del colectivo Aquí No sostuvieron que el conflicto no se limita a la propiedad legal de los terrenos, sino que también involucra los derechos territoriales de los pueblos indígenas reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Asimismo, manifestaron que existe una controversia judicial promovida por comunidades indígenas respecto a la compraventa de los predios y señalaron que el decreto presidencial mediante el cual se estableció el área natural protegida mantiene plena vigencia jurídica, por lo que consideraron que debe formar parte del análisis del proyecto.
En respuesta, el Gobierno de México precisó que la propiedad de la tierra, el régimen agrario, el uso del suelo y la protección ambiental corresponden a ámbitos jurídicos distintos.
También indicó que las controversias sobre la adquisición de los terrenos deberán resolverse por las autoridades jurisdiccionales competentes; sin embargo, anunció que revisará jurídicamente el proceso de asignación de las hectáreas que no se encuentran sujetas a litigio mediante la integración de un equipo de trabajo.
Respecto a la consulta indígena, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) explicó las etapas desarrolladas entre junio y septiembre de 2022 para cumplir con la resolución judicial correspondiente.
No obstante, integrantes del colectivo reiteraron que, desde su perspectiva, el procedimiento no cumplió con los principios de consulta previa, libre, informada y de buena fe, por lo que las diferencias entre ambas partes permanecen.
Uno de los principales acuerdos alcanzados durante la sesión fue en materia de vigilancia ambiental. La Profepa manifestó su disposición para realizar una inspección integral en la zona federal y las áreas de manglar.
Previamente, se llevará a cabo un recorrido con una comisión integrada por tres representantes del colectivo AquÍ No y tres representantes de la empresa para identificar los sitios que serán inspeccionados oficialmente por la dependencia.
Además, el Gobierno del Estado de Sinaloa se comprometió a realizar una reunión la próxima semana para revisar la duplicidad de gobernadores tradicionales y analizar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).
También anunció que iniciará los trabajos para establecer un bachillerato en la sindicatura de Lázaro Cárdenas y que se impulsará la gestión de un centro universitario en Ohuira.
Al concluir la sexta mesa de diálogo, Iván Ramos Méndez destacó que este ejercicio permitió distinguir con mayor claridad los distintos ámbitos jurídicos relacionados con el proyecto de la planta de amoniaco y reiteró que las controversias que actualmente se encuentran en los tribunales seguirán el cauce legal correspondiente, mientras que las mesas de diálogo continuarán como un espacio para fortalecer la transparencia, intercambiar información y escuchar las distintas posturas.
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