06/29/2026 08:33:00 p. m.
En uno de los pronunciamientos públicos más amplios registrados durante la discusión sobre la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), empresarios, científicos, agricultores, pescadores, organizaciones civiles y ciudadanos de distintas regiones de Sinaloa hicieron un llamado a privilegiar el diálogo, la información verificable y la construcción de acuerdos para definir el futuro de Topolobampo y la Bahía de Ohuira.
El documento, titulado "Un futuro compartido para Topolobampo y la Bahía de Ohuira", plantea que el desarrollo económico y la protección ambiental no deben verse como objetivos opuestos, sino como metas que pueden alcanzarse de manera conjunta mediante el cumplimiento de la ley, la supervisión ambiental y la participación de todos los sectores involucrados.
Los firmantes reconocen que existen preocupaciones legítimas sobre el cuidado del medio ambiente, la salud de las comunidades y la conservación del patrimonio natural de la bahí; sin embargo, consideran que el debate debe realizarse con base en información técnica, científica y normativa, evitando la confrontación entre quienes respaldan el proyecto y quienes mantienen reservas sobre su desarrollo.
En el desplegado también se destaca que el proyecto de la planta de amoniaco inició su proceso de autorización hace más de una década y ha sido revisado en distintos momentos por las autoridades federales.
Además, señala que la autoridad ambiental informó previamente que el proyecto fue autorizado en 2014, revisado nuevamente en 2022 y sometido a una consulta en 15 comunidades de la región, en la que 11 expresaron su respaldo.
Otro de los argumentos expuestos es la importancia estratégica que tendría la producción nacional de amoniaco para fortalecer la soberanía alimentaria del país, al reducir la dependencia de importaciones de fertilizantes y garantizar el suministro de insumos para cerca de 900 mil hectáreas agrícolas que se cultivan en Sinaloa durante cada ciclo agrícola.
Asimismo, los promoventes sostienen que una inversión industrial de esta magnitud puede convertirse en un detonante para la generación de empleos, el desarrollo económico regional y la capacitación de capital humano, siempre que opere bajo estrictos estándares ambientales, sociales y de seguridad.
El documento enfatiza que la solución al conflicto no debe encontrarse en la polarización, sino en el diálogo permanente entre autoridades, comunidades, organizaciones civiles, sector productivo y medios de comunicación.
"La región se merece soluciones construidas en conjunto, no fracturas que profundicen la división", señala el pronunciamiento, al tiempo que subraya que ninguna de las voces involucradas debe ser ignoradas.
Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentran Héctor Ley Pineda, presidente ejecutivo de CODESIN; Eduardo Arámbula Pérez, presidente de CODESIN Zona Norte; Kenya Guadalupe Moreno Díaz, presidenta de COPARMEX Los Mochis; Roberto Jr. Miranda Lagarda, presidente de CANACINTRA Los Mochis; Simón Enrique Dorado Huitrón, presidente de CANACO Los Mochis; Óscar Ramón Avilés Angulo, presidente de CMIC Los Mochis; además de los investigadores Juan Pablo Gallo Reynoso, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD); Ana Carolina Ruiz Fernández y Federico Páez Osuna, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
Así como dirigentes de módulos de riego, cooperativas pesqueras, productores agrícolas, sindicatos y ciudadanos, quienes coincidieron en que el futuro de Topolobampo y la Bahía de Ohuira debe construirse mediante el diálogo, el respeto al medio ambiente y decisiones sustentadas en evidencia científica.