06/16/2026 10:13:00 a. m.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con escoltas asignados por ninguna institución del gabinete de seguridad federal y tampoco ha solicitado medidas especiales de protección.
Durante la conferencia mañanera, García Harfuch aclaró que la seguridad inmediata que recibe Rocha Moya es por parte de escoltas de la Policía Estatal o de la Fiscalía General de Sinaloa, en su calidad de gobernador con licencia.
"Ni una ni otra. Él no solicitó medidas de protección ni el gabinete de seguridad le proporcionó (...) la escolta que él tiene no es del Gobierno Federal. Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la Policía Estatal o de la **Fiscalía", explicó.
Omar García aseguró que tampoco el resto de los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por parte del departamento de Justicia de los Estados Unidos cuentan con protección proporcionada por instancias federales, ni lo han solicitado.
Desde el pasado 2 de mayo, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia temporal por más de 30 días de Rubén Rocha Moya, con el fin de separarse de su cargo como Gobernador para dar libertad a las investigaciones en su contra.
En su lugar, Yeraldine Bonilla Valverde rindió protesta como Gobernadora interina de Sinaloa, ante el Congreso del Estado durante el periodo de licencia.
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció el pasado 5 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, para responder al citatorio derivado de las investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado señalados por el gobierno de Estados Unidos.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el exmandatario estatal confirmó su asistencia a las instalaciones federales, donde rindió su entrevista ministerial ante el Agente del Ministerio Público Federal.
En su mensaje, el morenista vinculó su disposición legal con los principios de la llamada Cuarta Transformación, afirmando que confía en el Sistema Judicial Mexicano y en las reformas que se han implementado para legitimar las instituciones de justicia en el país.