04/06/2026 05:49:00 p. m.
La controversia en torno a la aplicación de los denominados "sueros vitaminados" en la capital sonorense ha tomado un nuevo giro tras el pronunciamiento oficial de la empresa Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V., la cual se deslindó categóricamente de la fabricación o distribución de dichos productos.
Este comunicado surge en medio de una crisis de salud pública que ha dejado, hasta el momento, un saldo de seis personas fallecidas.
La compañía aclaró que su operación se limita estrictamente a medicamentos regulados y que no tiene participación en la prescripción ni aplicación de las terapias señaladas por familiares de las víctimas.
El nombre de la farmacéutica salió a relucir luego de que testimonios indican que el médico responsable mencionara esta marca como el origen del tratamiento. Ante esto, la empresa reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y rechazó la versión de que dichas sustancias emanan de sus laboratorios.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó que las investigaciones se centran en una clínica privada ubicada en la colonia Jesús García.
Según las indagatorias, las seis víctimas compartían el antecedente de haber recibido soluciones intravenosas administradas por el mismo profesional de la salud antes de presentar un agravamiento repentino y fatal.
Como parte fundamental de la evidencia, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) trasladó, bajo estricta cadena de custodia, los frascos, medicamentos e insumos asegurados hacia la Ciudad de México.
Estos serán analizados por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura de la Cofepris, con el objetivo de determinar la composición exacta de las sustancias y si estas presentaban irregularidades o componentes no autorizados.
Este caso ha encendido las alarmas sobre la proliferación de clínicas que ofrecen tratamientos intravenosos sin el debido respaldo científico o claridad en sus componentes.
Mientras los estudios de laboratorio avanzan, las autoridades ministeriales continúan recabando pruebas para deslindar responsabilidades penales y determinar si existe una red de distribución de productos apócrifos o negligencia médica directa.