México | 09/09/2025 12:16:00 p. m. | Adriana Ochoa
El Gobierno de México incluyó en el Paquete Económico 2026 un gravamen del 8 % sobre videojuegos con contenido violento, una medida que ya prende alarmas en la comunidad gamer y en la industria del entretenimiento digital.
La propuesta, entregada el pasado 8 de septiembre en la Cámara de Diputados, forma parte de las reformas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en un apartado bautizado como “Impuestos saludables”.
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El documento oficial argumenta que los videojuegos violentos generan efectos secundarios en la salud mental, particularmente en adolescentes: aislamiento, ansiedad y un “nivel más alto de agresión”.
Aunque el vínculo entre violencia digital y conducta agresiva no es concluyente, el psicólogo clínico Nicholas J. Westers, citado en el texto, advierte que algunos estudios sugieren un aumento en la agresividad física de los jóvenes expuestos a títulos con alto contenido violento.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la iniciativa en su conferencia matutina del 9 de septiembre:
“No vamos a entrar en un tema de prohibición, pero sí en la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de los videojuegos, y qué tipo de videojuegos”.
El 8 % adicional se cobrará en los servicios digitales de videojuegos que incluyan violencia explícita o contenidos clasificados solo para adultos.
En México, la Secretaría de Gobernación regula estas clasificaciones:
C: Para mayores de 18 años, con violencia intensa, sangre, lenguaje fuerte o escenas sexuales.
D: Exclusiva para adultos, con violencia extrema prolongada, desnudos gráficos o apuestas con dinero real.
Esto significa que futuros estrenos como Silent Hill F o Leyendas Pokémon Z-A podrían encarecerse si caen dentro de estas categorías.
De aprobarse, México se convertiría en uno de los primeros países en aplicar un impuesto diferenciado a los videojuegos violentos. Analistas prevén un alza inmediata en los precios digitales, afectando sobre todo a los gamers jóvenes, principal segmento de consumo.
Mientras tanto, la medida abre un debate mayor: ¿debe el Estado regular los hábitos digitales de las nuevas generaciones o corresponde esa tarea únicamente a las familias?