México genera ocupación de supervivencia mientras pierde empleos de calidad

Los últimos indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía exhiben una realidad que el Gobierno Federal ya no puede ocultar detrás de discursos triunfalistas: México podrá presumir una tasa de desempleo relativamente baja, pero está siendo incapaz de generar suficientes empleos formales, productivos y protegidos.

La informalidad laboral se mantiene por encima de 55 % de la población ocupada. En mayo de 2026 alcanzó 55.2 %, frente a 54.9 % del mismo mes del año anterior; además, la ocupación dentro del sector informal representó 30.3 % de las personas ocupadas. En el primer trimestre de 2026, la informalidad también aumentó respecto del mismo periodo de 2025.

No estamos frente a un éxito laboral. Estamos frente a una economía que obliga a millones de mexicanos a inventarse diariamente una fuente de ingreso porque el aparato productivo formal no tiene capacidad para ofrecerles un empleo digno.

El Gobierno puede llamar "ocupada" a una persona que vende productos en la vía pública, trabaja sin seguridad social, presta servicios sin contrato o sobrevive en un micronegocio familiar. Sin embargo, estar ocupado no equivale a tener un verdadero empleo.

Un trabajador sin afiliación al IMSS, sin ahorro para el retiro, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin protección ante accidentes y sin estabilidad laboral no forma parte de un mercado exitoso. Forma parte de una economía de supervivencia.

La informalidad es la factura del bajo crecimiento

La expansión de la informalidad no es un accidente ni un fenómeno aislado. Es la consecuencia directa de una economía que lleva años creciendo por debajo de sus necesidades.

México no está generando inversión, empresas ni productividad al ritmo necesario para incorporar formalmente a quienes ingresan al mercado laboral. La respuesta oficial, en lugar de corregir las deficiencias estructurales, ha consistido en administrar la mediocridad, repartir recursos públicos y presentar la resistencia económica como si fuera crecimiento.

El Fondo Monetario Internacional redujo su expectativa de crecimiento para México a 1.2 % en 2026 y a 1.9 % en 2027. Entre las razones señaló un primer trimestre más débil de lo previsto y una revisión del T-MEC más prolongada, además de advertir que los riesgos siguen inclinados a la baja.

Una economía que crece alrededor de uno por ciento difícilmente puede generar el número y la calidad de empleos que México necesita.

El gobierno podrá celebrar incrementos salariales, programas sociales y cifras de recaudación, pero ninguna de esas variables sustituye la creación sostenida de inversión productiva.

Sin inversión no hay nuevas plantas, no hay expansión empresarial, no hay innovación, no aumenta la productividad y no se crean empleos formales suficientes.

El problema con Estados Unidos ya llegó al mercado laboral mexicano

La vulnerabilidad es mayor porque México sigue dependiendo excesivamente de Estados Unidos.

La economía mexicana se encuentra profundamente integrada a su vecino del norte, pero el Gobierno Federal no aprovechó los años anteriores para fortalecer el mercado interno, diversificar destinos de exportación, garantizar energía suficiente, mejorar la seguridad ni construir condiciones jurídicas que permitieran convertir el llamado nearshoring en una verdadera ola de inversión.

Ahora México enfrenta una administración estadounidense proteccionista, dispuesta a utilizar los aranceles como mecanismo de presión económica y política.

En julio de 2026, Estados Unidos anunció nuevos gravámenes para productos de decenas de países. Aunque aproximadamente 85 % de las exportaciones mexicanas que cumplen con el T-MEC conservarían el acceso libre de arancel, el resto continúa expuesto a medidas estadounidenses y a una incertidumbre que afecta decisiones de inversión de largo plazo.

El problema no es únicamente el porcentaje que eventualmente pagará un arancel. El verdadero daño proviene de la incertidumbre.

Una empresa que desconoce las reglas bajo las cuales podrá exportar dentro de seis meses posterga inversiones, detiene ampliaciones, reduce contrataciones y traslada parte de su producción a una jurisdicción más segura.

Eso ya está ocurriendo.

Las negociaciones entre México y Estados Unidos sobre el futuro del T-MEC se desarrollan bajo la presión estadounidense de reducir su déficit comercial, aumentar el contenido regional y regresar actividades manufactureras a territorio norteamericano. Algunas empresas automotrices han comenzado a desplazar producción hacia Estados Unidos, precisamente para reducir su exposición al riesgo comercial.

Cada planta que deja de ampliarse en México, cada línea de producción que se traslada y cada inversión que se congela representa empleos formales que no se crean.

Y cuando el empleo industrial formal no aparece, la informalidad termina absorbiendo a los trabajadores desplazados o excluidos.

El Gobierno mexicano llega debilitado a la negociación

México enfrenta esta presión desde una posición de debilidad que no puede atribuirse exclusivamente a Donald Trump.

Estados Unidos protege sus intereses. Puede cuestionarse la legalidad, conveniencia o agresividad de sus medidas, pero sería ingenuo esperar que Washington diseñe su política comercial para resolver los problemas laborales de México.

La obligación de proteger la competitividad mexicana corresponde al Gobierno de México.

Sin embargo, nuestro país llega a la revisión comercial con graves deficiencias internas:

• inseguridad pública y extorsión;
• incertidumbre jurídica;
• infraestructura insuficiente;
• dificultades para acceder a energía;
• débil crecimiento económico;
• baja productividad;
• alta informalidad;
• deterioro institucional;
• escasez de financiamiento para pequeñas empresas.

El propio Banco de México ha identificado la incertidumbre relativa a la política comercial como un factor que afecta la inversión extranjera directa, y considera que una revisión exitosa del T-MEC y una reducción de esa incertidumbre serían elementos favorables para el crecimiento.

La pregunta inevitable es: ¿qué hizo el Gobierno Federal para disminuir estos riesgos antes de llegar a la negociación?

La respuesta es insuficiente.

Se promovió el denominado Plan México, se anunciaron polos de desarrollo y se repitió el discurso de la relocalización productiva, pero los resultados no corresponden a la magnitud de la oportunidad. Análisis independientes señalan estancamientos o retrocesos en inversión, crecimiento, acceso al capital y competitividad.

México tuvo frente a sí una oportunidad histórica para captar empresas que buscaban salir de Asia y acercarse al mercado estadounidense. Sin embargo, una oportunidad geográfica no se convierte automáticamente en inversión.

Las empresas exigen electricidad, agua, carreteras, seguridad, certeza jurídica, personal capacitado y reglas estables.

No basta con estar al lado de Estados Unidos.

Hay que ser competitivo.

Se administra la pobreza en lugar de crear productividad

La política económica federal ha privilegiado la redistribución del ingreso sobre la creación de riqueza.

Los programas sociales pueden ser necesarios para atender a grupos vulnerables, pero no sustituyen una política de desarrollo.

Una transferencia pública puede aliviar temporalmente la pobreza. No crea por sí misma empresas competitivas, cadenas productivas, tecnología, innovación ni empleos formales.

El error consiste en presentar el consumo financiado con recursos públicos como si fuera una estrategia suficiente de crecimiento.

México necesita inversión privada, pero durante años el discurso oficial trató al empresario como sospechoso, al contribuyente como evasor potencial y a la rentabilidad como si fuera moralmente cuestionable.

Mientras se exige cada vez más a las empresas formales, millones de unidades económicas operan fuera del sistema.

El resultado es perverso: se fiscaliza intensamente a quienes ya cumplen, mientras la informalidad continúa creciendo.

La empresa formal paga ISR, IVA, cuotas al IMSS, aportaciones al Infonavit, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, participación de utilidades y costos administrativos.

El negocio informal compite en el mismo mercado sin soportar gran parte de esas obligaciones.

Esto castiga al cumplido, reduce los incentivos para crecer y convierte la formalidad en una desventaja competitiva.

El Gobierno celebra salarios, pero ignora la productividad

El incremento del salario mínimo ha mejorado los ingresos nominales de muchos trabajadores y constituye un avance que debe reconocerse. Sin embargo, aumentar el salario por decreto sin generar simultáneamente mayor productividad, inversión y crecimiento empresarial no resuelve por sí solo la precariedad.

Cuando una microempresa no puede absorber el incremento de sus costos, tiene pocas alternativas:

• aumentar precios;
• reducir personal;
• limitar nuevas contrataciones;
• acortar jornadas;
• sustituir empleo;
• trasladarse a la informalidad.

No se trata de oponerse al aumento salarial. Se trata de entender que el salario sostenible debe estar acompañado por productividad.

El Gobierno ha querido resolver mediante decretos laborales un problema que requiere una verdadera política económica.

Los derechos son indispensables, pero deben estar respaldados por empresas capaces de financiarlos.

Una legislación laboral avanzada sobre una economía débil puede terminar protegiendo a quienes ya tienen empleo formal y cerrando la puerta a quienes buscan ingresar.

La incertidumbre comercial tiene rostro humano

Los conflictos con Estados Unidos no son un asunto distante reservado para exportadores o diplomáticos.

Cuando una empresa automotriz reduce producción, el efecto alcanza a proveedores de componentes, transportistas, servicios de mantenimiento, restaurantes, comercios y familias enteras.

Cuando un exportador agrícola enfrenta un arancel, una inspección más severa o una amenaza comercial, se reducen sus márgenes y su capacidad para contratar formalmente.

Cuando una inversión se congela, el trabajador no ve una planta que nunca se construyó ni el puesto que nunca llegó a ofrecerse. Simplemente termina conduciendo en una plataforma, vendiendo por su cuenta o aceptando un empleo sin seguridad social.

Esa es la relación directa entre los problemas comerciales con Estados Unidos y el crecimiento de la informalidad en México.

La incertidumbre no queda en los mercados financieros. Se transforma en empleos que no se crean.

Ni soberanía discursiva ni subordinación económica

El Gobierno Federal suele responder a las presiones estadounidenses con expresiones de soberanía, prudencia diplomática y optimismo.

La defensa de la soberanía es necesaria, pero los discursos no sustituyen una estrategia económica.

México no debe someterse a Estados Unidos, pero tampoco puede ignorar que la mayor parte de sus exportaciones depende de ese mercado.

La verdadera soberanía no consiste en pronunciar discursos nacionalistas. Consiste en tener una economía suficientemente sólida para negociar sin miedo.

Un país con crecimiento débil, alta informalidad, inseguridad, dependencia energética y baja inversión tiene poco margen frente a su principal socio comercial.

México necesita conservar el T-MEC, pero también reducir su vulnerabilidad mediante diversificación comercial, fortalecimiento del mercado interno, infraestructura, energía, seguridad y Estado de derecho.

No se ha hecho con la velocidad ni profundidad requeridas.

El fracaso no es de los trabajadores

La informalidad no aumenta porque millones de mexicanos hayan decidido rechazar voluntariamente la legalidad.

Aumenta porque el Estado no ha logrado construir una economía en la que cumplir sea viable y trabajar formalmente sea accesible.

No puede culpabilizarse al comerciante, profesionista independiente, transportista o pequeño empresario que intenta sobrevivir, mientras el Gobierno no garantiza seguridad, financiamiento, infraestructura ni crecimiento.

Tampoco es válido presumir la baja tasa de desempleo cuando millones de personas aceptan actividades precarias porque carecen de otra alternativa.

El trabajador informal no es la prueba de una economía dinámica.

Es la evidencia de una economía que le falló.

La conclusión que el Gobierno no quiere escuchar

México no está creando suficientes empleos de calidad porque no está creciendo, invirtiendo ni elevando su productividad al ritmo necesario.

Los problemas con Estados Unidos agravan la situación, pero no la originaron.

La verdadera causa se encuentra en años de decisiones internas equivocadas: desprecio por la inversión, debilitamiento de instituciones, inseguridad tolerada, infraestructura insuficiente, improvisación regulatoria y una política fiscal concentrada en recaudar más de los mismos contribuyentes.

La amenaza arancelaria estadounidense simplemente dejó al descubierto la fragilidad que el discurso oficial pretendía ocultar.

Mientras Estados Unidos pelea por atraer fábricas, proteger su industria y recuperar empleos, México continúa administrando programas, anunciando planes y esperando que su cercanía geográfica sea suficiente.

No lo es.

El país necesita una política económica que premie la inversión, proteja al que produce, simplifique la formalización, fortalezca a las pequeñas empresas y garantice certeza jurídica.

De lo contrario, seguiremos viendo una tasa de desempleo aparentemente baja y una informalidad cada vez más alta.

Seguiremos teniendo mexicanos ocupados, pero no empleos dignos.

Seguiremos recaudando más, pero creciendo menos.

Y seguiremos culpando a las amenazas provenientes de Estados Unidos por un deterioro laboral que, en gran medida, comenzó con la incapacidad del propio Gobierno mexicano para construir una economía fuerte.

La informalidad no es solamente una falla del mercado.

Es el resultado de una política económica que sustituyó el crecimiento por propaganda, la inversión por asistencialismo y la productividad por discursos.

Y esa factura ya la están pagando los trabajadores mexicanos.

CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán

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