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Denuncia de opositores llegó a la ONU, pero no hubo recomendación para cancelar proyecto de GPO
La ONU no emitió recomendaciones ni solicitudes para cancelar el proyecto de fertilizantes en Topolobampo, según el Gobierno de México.
El Gobierno de México respondió formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aclarando que el organismo internacional no emitió ninguna condena, recomendación, alerta ni solicitud para cancelar el proyecto industrial que se construye en el norte de Sinaloa, tras la controversia generada por la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo.
El caso se originó a partir de denuncias promovidas ante mecanismos especiales de Naciones Unidas por integrantes del movimiento que rechaza la instalación de la planta "Aquí No", entre ellos las activistas y defensoras del territorio.
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Denuncias y preocupaciones sobre la planta de fertilizantes
La controversia fue planteada por cuatro personas que aparecen como víctimas en el documento: Claudia Susana Quintero Sandova, Felipe Montaño Valenzuela, Irene Díaz López y Melina Maldonado Sandoval, quienes expusieron preocupaciones relacionadas con presuntos impactos ambientales, derechos humanos, consulta indígena y supuestas agresiones contra personas que se oponen a la instalación de la planta de fertilizantes en la Bahía de Ohuira-Topolobampo.
La comunicación identificada como AL OTH 103/2025 fue enviada por relatores especiales - expertos independientes en derechos humanos - de la ONU a los gobiernos de México, Alemania y Suiza, así como a actores vinculados al proyecto.
Sin embargo, de acuerdo con la respuesta oficial presentada posteriormente por el Estado mexicano ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dicha actuación formó parte de un procedimiento ordinario mediante el cual los relatores solicitan información cuando reciben denuncias de terceros.
En su respuesta, el Gobierno de México enfatizó que los señalamientos incluidos en la comunicación internacional corresponden a denuncias y testimonios presentados por opositores al proyecto, pero no constituyen conclusiones, hallazgos ni evaluaciones técnicas realizadas por la ONU.
El documento oficial señala que la intervención de los relatores tuvo únicamente el propósito de recabar información sobre los hechos denunciados.
"El propio gobierno de México reconoce que los señalamientos incluidos en dicha comunicación provienen directamente de denuncias presentadas por integrantes del Colectivo 'Aquí No' y otros opositores al proyecto", establece la respuesta oficial remitida a Naciones Unidas.
Proceso de evaluación y consulta
La respuesta mexicana también sostiene que la planta fue sometida a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuenta con autorización ambiental condicionada vigente y permanece bajo supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Además, se indicó que se realizó una Consulta Previa, Libre e Informada al pueblo Mayo-Yoreme en cumplimiento de resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Los relatores especiales de la ONU no formularon conclusiones propias ni juicios de valor sobre la planta de fertilizantes ni solicitaron su cancelación", señaló el informe oficial enviado por la Misión Permanente de México ante la ONU en Ginebra.
Con esta respuesta, el Gobierno de México sostiene que no existe actualmente una resolución de Naciones Unidas contra la planta de fertilizantes de Topolobampo y que la actuación del organismo internacional se limitó a solicitar información derivada de denuncias promovidas por opositores al proyecto.
De este modo, aunque el grupo en mención se mantiene en su postura, los documentos oficiales indican que la ONU no emitió una condena, recomendación o instrucción para detener la obra.
Cabe mencionar que los relatores especiales de la ONU son expertos independientes en derechos humanos que reciben denuncias y solicitan información a los gobiernos, pero no pueden emitir sentencias, sanciones o cancelar proyectos.
Y con relación al caso de la planta de Topolobampo, recibieron denuncias de integrantes del movimiento 'Aquí No', solicitaron información al Gobierno de México y posteriormente incorporaron al expediente tanto los señalamientos como la respuesta oficial, pero no emiten una resolución contra el proyecto.
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