Sinaloa | Norte
GPO representa una inversión histórica para Sinaloa y no debe frenarse por intereses políticos o económicos
El economista Samuel Sarmiento afirmó que la planta de fertilizantes en Topolobampo es vital para el desarrollo agrícola y debe continuar si cumple con la normatividad.
La planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo representa una de las inversiones más importantes en la historia de Sinaloa y no debería ser frenada por intereses políticos o económicos, consideró el economista Samuel Sarmiento.
Durante su participación en el programa de análisis económico de Luz Noticias, Sarmiento destacó que el proyecto contempla una inversión inicial superior a los mil 600 millones de dólares, con capacidad de escalar hasta los 5 mil 600 millones de dólares en etapas posteriores.
Para dimensionar la magnitud del proyecto, explicó que dicha cifra equivale prácticamente a toda la inversión extranjera directa que recibió Sinaloa durante los gobiernos estatales de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel.
"Estamos hablando de una inversión extraordinaria que Sinaloa necesita. Una sola empresa representa prácticamente toda la inversión extranjera que llegó al estado durante dos sexenios completos", señaló.
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El economista sostuvo que la entidad ha esperado durante décadas una transformación industrial que permita agregar valor a su producción primaria, particularmente en el sector agrícola.
Sarmiento recordó que la planta contempla una producción superior a las 800 mil toneladas de amoníaco al año, insumo estratégico para la elaboración de fertilizantes que utiliza el sector agrícola.
Indicó que México actualmente importa alrededor del 70 por ciento de los fertilizantes que consume y que, en el caso del amoníaco, existe una fuerte dependencia de importaciones que ingresan por el puerto de Topolobampo o provienen de la planta petroquímica de Cosoleacaque, Veracruz.
"Esta planta viene a resolver el abasto de amoníaco cerca de donde se necesita. El productor sinaloense enfrenta altos costos por logística y transporte, y este proyecto ayudaría a reducir esa dependencia", afirmó.
Añadió que la capacidad proyectada permitiría cubrir las necesidades de fertilización de una superficie agrícola cercana a las 900 mil hectáreas, superior incluso a la superficie promedio sembrada anualmente en Sinaloa.
Cumplimiento normativo y debate público
Respecto a las recientes manifestaciones contra la planta, el economista consideró que el debate debe centrarse en el cumplimiento de la ley y no en posiciones ideológicas o intereses particulares.
Sostuvo que las autoridades ambientales federales ya han determinado que el proyecto cumple con los requisitos legales, las consultas indígenas ordenadas por los tribunales y las disposiciones ambientales vigentes.
"En un Estado de Derecho lo que corresponde es cumplir y hacer cumplir las leyes. Si una empresa cumple con toda la normatividad federal, estatal y municipal, entonces la tarea de los ciudadanos debe ser vigilar que ese cumplimiento se mantenga en la práctica", expresó.
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Sarmiento señaló que las instituciones encargadas de evaluar los impactos ambientales ya emitieron resoluciones favorables y consideró que la discusión pública debe enfocarse en la vigilancia y transparencia del proyecto, más que en su cancelación.
Ve poco probable que la obra se detenga
Ante el crecimiento de las movilizaciones ciudadanas registradas en Los Mochis, Topolobampo y otras ciudades del estado, el economista dijo que no considera probable que la construcción sea detenida.
Explicó que, tras más de una década de litigios, consultas y revisiones judiciales, actualmente no existen impedimentos legales para la continuidad del proyecto.
"Yo esperaría que la obra continúe porque sería un mal precedente para la inversión nacional y extranjera. Si una empresa cumple con el 100 por ciento de la normatividad, detenerla por presiones externas enviaría una señal negativa sobre la certeza jurídica en Sinaloa", concluyó.
La planta de fertilizantes de GPO en Topolobampo ha sido uno de los proyectos industriales más debatidos en el estado durante los últimos años, generando posiciones encontradas entre sectores empresariales, agrícolas, ambientalistas y grupos ciudadanos.
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