Sinaloa | Norte
Será delito vender o "acaparar" agua: Nueva Ley prevé hasta 10 años de cárcel, advierte Conagua
La nueva Ley de Aguas prohibirá la compraventa de concesiones, eliminará el cambio de uso del agua y castigará penalmente el aprovechamiento ilegal del recurso.
La nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales contemplan penas de cárcel de hasta 10 años y multas de 300 a 4 mil días para quienes trafiquen, acaparen o usen ilegalmente el agua en México.
El director del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Conagua, Jesús Antonio Cruz Varela, reveló que se busca garantizar el derecho humano al agua, ordenar las concesiones, eliminar los abusos y fortalecer la capacidad sancionadora de la Comisión Nacional del Agua, que hasta ahora "no tenía dientes" para castigar irregularidades.
"El agua dejará de verse como una mercancía. Ya no se permitirá la transferencia de concesiones entre particulares, ni el cambio de uso de agrícola a industrial. Además, se tipificarán los malos manejos del agua como delitos culposos, con penas de uno a diez años de prisión. Antes las multas eran de 250 mil pesos y muchos preferían pagar antes que poner un medidor. Ahora serán multas significativas para que lo piensen dos veces antes de cometer irregularidades", advirtió.
La iniciativa propone además la creación del Registro Nacional del Agua, donde se actualizarán todos los títulos de concesión y se depurarán registros inactivos o duplicados. También se eliminará el cambio de uso de títulos, lo que significa que un permiso agrícola ya no podrá destinarse a uso industrial.
El funcionario federal subrayó que uno de los objetivos principales es acabar con el acaparamiento del agua, ya que "no puede haber quien tenga agua, pero no tierra". La nueva ley obligará a que cada pozo esté ligado a una parcela, para garantizar el uso productivo y equitativo del recurso.
"El agua es poder. Y precisamente lo que busca esta ley es democratizar su manejo y reconocerlo como un bien estratégico de la nación", sostuvo.
La propuesta, actualmente en análisis en el Congreso de la Unión, también contempla la creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, para garantizar el derecho humano al agua, que reasignará volúmenes hacia la planeación sustentable y las futuras generaciones.
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