"Reformas con rostro de autoridad: el nuevo ciclo del control fiscal y judicial en México"

I. Un Estado que confunde orden con control

Las recientes reformas impulsadas por el Ejecutivo Federal al Código Fiscal de la Federación y a la Ley de Amparo no son simples ajustes técnicos; representan un cambio estructural en la relación entre el Estado y el contribuyente. Bajo el argumento de "modernizar" la justicia y "mejorar la eficiencia recaudatoria", el gobierno ha diseñado un entramado normativo que refuerza el poder de la autoridad administrativa y limita los contrapesos judiciales que históricamente han protegido a los gobernados.

En el fondo, se trata de una ofensiva silenciosa: un intento de consolidar un modelo fiscal de vigilancia total, donde la eficiencia recaudatoria se impone sobre el principio de legalidad.

II. La nueva Ley de Amparo: de escudo del ciudadano a herramienta de contención

El amparo nació como la joya del constitucionalismo mexicano; un instrumento para defender al individuo frente al poder. Hoy, la reforma aprobada en 2025 lo reconfigura como un mecanismo de contención judicial al servicio del propio Estado.

Al restringir los efectos de las sentencias exclusivamente al quejoso, se elimina la posibilidad de que un amparo tenga efectos generales que beneficien a otros ciudadanos en igual situación. Así, cada contribuyente deberá pelear solo, una y otra vez, contra la misma norma inconstitucional.

Esto no sólo satura los tribunales y encarece la defensa, sino que rompe el principio de igualdad ante la ley. El mensaje es claro: el gobierno no teme perder en tribunales, mientras pueda ganar tiempo y seguir cobrando durante el litigio.

En suma, la reforma transforma el amparo de una herramienta de justicia constitucional en un freno al control judicial del poder público.

III. El Código Fiscal 2026: recaudación primero, legalidad después

Paralelamente, las modificaciones al CFF previstas para el ejercicio 2026 buscan reforzar al SAT como brazo recaudador del Ejecutivo, no como autoridad garante del debido proceso fiscal. La narrativa oficial —"cobrar mejor sin crear nuevos impuestos"— suena sensata, pero esconde una expansión del poder administrativo.

Ampliar plazos de notificación, endurecer la cancelación de sellos digitales y elevar recargos puede parecer "técnico", pero en la práctica aumenta la asimetría entre autoridad y contribuyente. La discrecionalidad en la inscripción al RFC o en la restricción de sellos deja en manos del SAT decisiones que pueden paralizar empresas enteras sin un debido control judicial inmediato.

El mensaje político es contundente: quien no cumple o cuestiona, será fiscalmente inmovilizado.

IV. El contribuyente bajo sospecha

En este nuevo modelo, el contribuyente deja de ser sujeto de derechos para convertirse en potencial evasor. Las reformas fiscales y judiciales dialogan entre sí: una fortalece el brazo recaudador, la otra debilita el escudo judicial. Juntas, construyen un ecosistema donde el miedo reemplaza a la confianza y el cumplimiento se obtiene por coerción más que por convicción.

El problema no es la fiscalización —necesaria para sostener las finanzas públicas—, sino la ausencia de límites efectivos y la debilitación de la defensa. Cuando el poder de revisar, cobrar y sancionar se concentra sin equilibrio, el Estado corre el riesgo de convertirse en juez y parte.

V. Reflexión final: la ruta hacia un Estado fiscal autoritario

México se encuentra ante una encrucijada. Si el Congreso y los tribunales no reequilibran el sistema, el país podría transitar hacia un Estado fiscal autoritario, donde la recaudación justifique la restricción de derechos y donde la justicia constitucional se subordine a la conveniencia política.

El verdadero reto no es modernizar el SAT ni acelerar los juicios de amparo: es preservar el equilibrio entre autoridad y ciudadano, entre eficiencia y legalidad.

Sin ese equilibrio, la justicia deja de ser un valor y se convierte en un trámite más del poder.

CPC, LD y MI Gilberto Soto Beltrán

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