Sinaloa | Norte
Acusan a FGR Sinaloa de «desviar» investigación en posible caso de corrupción del INFONAVIT
Jesús Alberto Ley, gerente de Centro de Servicios de Infonavit, manifestó que, de ser testigo y víctima en el caso, pasó a ser imputado.
FOTO: Acusan al Infonavit de posible corrupción en recompra de viviendas.
La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Sinaloa se encuentra bajo el escrutinio, tras el surgimiento de acusaciones de que algunos de sus empleados han intentado desviar una investigación que involucra a altos directivos del Instituto Nacional de Fomento para la Vivienda de los Trabajadores, mejor conocido como el INFONAVIT.
El caso en cuestión gira en torno a una peculiar forma de triangular el presupuesto de adquisición de viviendas a empresas en las que también tenían cargos directivos.
Contexto
La investigación interna del INFONAVIT inicialmente identificó irregularidades en el proceso, y el caso se convirtió en una cuestión penal.
Sin embargo, en la FGR se ha acusado de convertir en imputado al testigo clave del caso, que es Jesús Alberto Ley Castro, quien es el gerente de Centro de Servicios Infonavit en Los Mochis, y, según se afirma, fue víctima de los mismos delitos que está investigando.
En el trasfondo de este complicado entramado se encuentran nombres importantes como Martha Cecilia Robles Montijo, quien fue delegada de INFONAVIT-Sinaloa durante el período 2010-2019, y Laura Valenzuela Pérez, quien ha ocupado el cargo de gerente jurídico desde 2010 hasta la fecha.
Se alega que estas funcionarias están relacionadas con un fideicomiso del banco HSBC y la empresa de servicios financieros Patrimonio S.A., que habrían obtenido un pago de 1 millón 672 mil 146 pesos por la recompra de nueve casas en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, de Los Mochis.
La transacción, cuyo valor unitario se pactó en 185 mil 794 pesos, aparentemente se basó en una resolución del Consejo de Administración del INFONAVIT del 26 de agosto de 2009, que se habría ejecutado en 2013.
El caso tomó un giro inesperado cuando en julio de 2022, Jesús Alberto Ley Castro, gerente de INFONAVIT-Los Mochis, recibió por error un sobre que contenía información crucial.
En su interior, encontró una minuta de escritura pública con evidentes irregularidades en las firmas de Robles Montijo y Valenzuela Pérez, que presuntamente había sido elaborada por el notario público, Manuel Valenzuela Tamariz. Esta minuta parecía validar la operación de recompra de las nueve casas, pero Ley Castro denunció que su firma había sido falsificada.
Ante la falta de evidencia que respaldara la operación, Ley Castro llevó el caso a la presidencia de INFONAVIT. Sin embargo, meses después, fue citado por el agente del Ministerio Público Federal, Cuitláhuac Osuna Jiménez, como testigo y víctima en la causa penal 01194/22, acusado de supuestos delitos como uso indebido de documentos, falsificación de firmas y acoso laboral.
«En el mes de julio del año 2022, me hicieron llegar a mi oficina un par de minutas donde supuestamente Infonavit efectúa una recompra de nueve inmuebles, sin embargo, lo extraño del caso es que dichas minutas ya venía firmadas por el suscrito, con una firma que yo no uso, lo cual de inmediato me alertó y despertó mis sospechas de que algo no estaba bien en dichas minutas y sobre todo que habían falsificado mi firma» señaló Jesús Alberto Ley.
«Una vez analizadas las minutas de referencia, me percaté que las mismas tenían diversas irregularidades, razón por la cual me comuniqué con mis superiores a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, esto es el delegado del Infonavit del Estado, ingeniero Ernesto Adolfo Verdugo Dagnino, así como con la gerente jurídico licenciada Laura Valenzuela Pérez, quienes me solicitaron de manera expresa destruyera el par de minutas con las firmas falsificadas o que se las regresara de inmediato a la ciudad de Culiacán», continuó.
El caso se complicó aún más cuando, el 15 y 16 de febrero del 2023, el fiscal a cargo cambió a Juan Carlos Martínez Colmenares, quien presuntamente inició una serie de ataques y ofensas hacia Ley Castro, así como retrasos en las diligencias.
«Cuándo asistí el día 21 de julio de 2023, con el perito en materia de grafoscopía, lo hice acompañado de mi asesor victimal, pero no se le permite el acceso a mi asesor victimal, sino únicamente a mí, donde soy atendido por un perito, al cual le manifesté que era mi deseo que estuviera presente mi asesor victimal, comentándome el perito que era lo más adecuado, se levantó de su asiento y fue a comentarle a Juan Carlos Martínez Colmenares, este de inmediato se encolerizó y se dirigió a mí, manifestándome: ´a ver, a ver, aquí no se va a hacer lo que tú quieras, vas a hacer la pin… prueba o no´. Le contesto que lo único que yo quería es que estuviera presente mi asesor, por lo que inmediato se dirigió al perito y ordenó que pusiera que me negaba a hacer la prueba», indicó.
La situación se agravó cuando Martínez Colmerares negó a Ley Castro el acceso a la carpeta de investigación y lo citó como indiciado en lugar de víctima.
Todo esto ocurrió a pesar de las acciones previas emprendidas por el abogado de Ley Castro para esclarecer el caso, como la solicitud de la intercepción de comunicaciones y la recepción de declaraciones de personas relevantes.
«En respuesta esto, y como yo llevo un escrito preparado con todos y cada una de las omisiones que ha tenido el agente de Ministerio Público Juan Carlos Martínez Colmenares, referente a la indagatoria y los oficios que se deben enviar a los diferentes implicados en el caso, lo presente en la oficialía antes de abandonar el lugar, lo cual, al parecer, molestó de sobremanera al agente porque me envió un citatorio, pero ahora en calidad de imputado, apercibiéndome con amonestación, multa de 20,000 U de media y actualización, auxilio de la fuerza público o arresto hasta por 36 horas, aclarando que ha dicho citatorio no acudí en virtud de la parcialidad con la que se viene conduciendo dicho agente del ministerio público», dijo.
Nuevo frente
En respuesta a estos acontecimientos, Jesús Alberto Ley Castro presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal el pasado 21 de agosto, acusando al Ministerio Público Federal Juan Carlos Martínez Colmenares de violación de sus derechos fundamentales y de obstruir el debido proceso, denuncia que hasta la fecha no ha sido contestada.
Mientras el caso sigue desarrollándose, Ley Castro manifestó tener temor de su integridad física y laboral, puesto que en las últimas semanas ha crecido el acoso y la presión en sus actividades, con la intensión de que renuncie al puesto y con ello, deje abierto el camino a quienes operan o «intentan sanear» el posible caso de corrupción.
«Lo que estamos haciendo nosotros es levantar la voz para que esta situación siga su curso y se llegue a la verdad de los hechos y más que nada se llegue a la verdad, por el bien del instituto y por el bien de los trabajadores, porque al final del día todos los recursos que se manejan en el instituto son parte de las aportaciones que hacen los patrones para beneficio de sus trabajadores», mencionó.
«Toda esta situación, es muy claro de ver que hay que anticiparnos, yo hago pública esta situación, temo de mi integridad física, además de que estoy siendo afectado laboralmente, además en mi situación psicológica, quiero que la sociedad se entere», concluyó.
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