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Autoridades de la UAS interponen recurso en contra del gobernador
Señalan que Rubén Rocha Moya incumplió la orden del juez de parar campaña de difamación contra las autoridades universitarias.
Información UAS
Autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), interpusieron un recurso en contra del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, por realizar declaraciones en contra de funcionarios de la institución, informó el abogado general de Casa Rosalina, Robespierre Lizárraga Otero.
Fue el Secretario de Finanzas y Presidente de Comité de la UAS, Salvador Pérez Martínez, quien interpuso ante el Juzgado Segundo de Distrito un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión en contra del mandatario estatal.
El abogado de la UAS recordó que apenas el pasado miércoles 21 de junio, dicho juzgado otorgó la suspensión provisional y prohibió tanto al Gobernador, Rubén Rocha Moya, como a la Fiscal Estatal, Sara Bruna Quñónez Estrada, de hacer cualquier tipo de alusión, manifestación, expresión o externen cualquier tipo de comentario que hagan presuponer que el titular de Finanzas de la UAS es culpable de un delito.
Lizárraga Otero señaló que las declaraciones hechas el jueves 22 de junio por el gobernador violentan la suspensión emitida por el juez, por lo que el caso se puso en manos de un juez para que éste haga sus consideraciones y aplique lo que corresponda en derecho.
«Ha sido que se nos han concedido suspensiones con distintos efectos, uno de ellos es que las autoridades que acabo de mencionar pues deben de abstenerse de tener, ante los medios de comunicación de expresar opiniones sesgadas en torno a la situación jurídica de los funcionarios universitarios que está señalando como responsables», expresó.
Posibles consecuencias
El abogado general de la UAS indicó que dicha omisión por parte del gobernador puede tener distintas consecuencias, desde la solicitud de un informe de cómo le está dando cumplimiento a la suspensión hasta algún tipo de extrañamiento, llamado y/o apercibimiento. Incluso, si hay persistencia o reincidencia en la violación a la orden de un juez federal, podría configurarse un desacato lo cual ya tiene consecuencias penales.
