Clases presenciales y derechos humanos

“Es mi aspiración que la salud no sea vista como una bendición a desear, sino como un derecho humano por el que luchar”.

Kofi Annan (Exsecretario Gral. de la ONU)

La vida y salud son, entre otros muchos, derechos fundamentales de toda persona y no pueden ser suspendidos ni restringidos por ninguna autoridad, salvo que la suspensión o restricción estén previstas en la Constitución; todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Está es una síntesis de lo que dispone el artículo 1º de la Constitución General de la República.

En relación con la niñez, el artículo 4º es puntual al disponer que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Lo anterior viene a colación por las decisiones que el presidente de la República está tomando e instruyendo a sus subordinados, en relación con el regreso a clases presenciales en todos los niveles educativos. 

En su gira por Veracruz el 25 de julio pasado, el presidente López Obrador expuso la que quizá sea la más grave y polémica de sus decisiones unipersonales, basada en creencias, más no en evidencias. En el momento del mayor repunte de la pandemia por Covid-19, con una cepa Delta del virus mucho más agresiva y que a diferencia de la inicial ataca con mayor fuerza a jóvenes y niños, dispuso que las clases presenciales iniciarán el 30 de agosto en todos los niveles, “llueva, truene o relampaguee”, rechazando que exista un riesgo para la salud e incluso para la vida de los niños y adolescentes.

Desde esa fecha y hasta el momento, ni el presidente, ni los titulares de la SEP y de la Secretaría de Salud, han expuesto argumentos de peso para sustentar la decisión, se han concretado a señalar que el país ya no puede tener las escuelas cerradas por más tiempo, sin especificar el por qué, y llaman a no tener miedo. 

Con frivolidad frente al riesgo que enfrentarán ahora los educandos de todo el país que no han sido vacunados, y que “voluntariamente” acudirán a las aulas en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, el presidente minimiza la situación del covid calificándola de “pequeños rebrotes”, no obstante que su propio gobierno anuncia 24 mil 975 nuevos casos en un solo día, lo que representa la cifra más alta de contagios desde que comenzó la crisis sanitaria.

De igual forma banaliza esta cruda realidad politizándola, al señalar que su decisión no gustará a la oposición porque “como en todo lo que proponemos, nuestros adversarios siempre dicen ‘no’. No entiende el presidente que la oposición a su propuesta no se reduce a partidos políticos, organizaciones empresariales o intelectuales que no están de acuerdo con su proyecto de gobierno, a adversarios y conservadores, sino que son millones de padres de familia que no quieren correr un riesgo al que se sumará la carga económica que se les impone en la llamada “carta responsiva” que se les exige. 

Lo ideal hubiera sido que antes de tomar la decisión se consultara a padres de familia, de la misma forma en que se les consultó en torno a la investigación o no de actos de corrupción de actores políticos del pasado, o mejor, mediante una encuesta como las utilizadas para definir candidatos, que a fin de cuentas resultan mucho más baratas y ad hoc a los tiempos de austeridad; pero no, se toma una decisión desinformada, dejando en claro que en este gobierno lo ideal ésta mucho más lejos de la realidad que en administraciones del pasado.

A mediados de junio, aún lejos del momento en que la cepa Delta se extendiera por todo el territorio nacional, Consulta Mitofsky realizó una encuesta sobre el tema, en la que 60% de los participantes consideró que el regreso a clases presenciales de primaria y secundaria debía retrasarse por lo menos 6 meses, y solo el 37% opinó lo contrario; la encuesta fue publicada por el diario El Economista, por lo que el presidente debió haber sido informado, y debió tomarlo en consideración. 

Hasta la desprestigiada SNTE parece más razonable al anunciar su propia encuesta, y no se trata precisamente de opositores adversarios del régimen de la 4T.

La Secretaria de Educación Delfina Gómez no ha expuesto un solo argumento que justifique la decisión y que se relacione directamente con el tema educativo; nadie habla del impacto de la pandemia en la calidad educativa nacional, del atraso académico de la población mexicana que eso significa, ni de la pérdida de niveles de escolaridad en el comparativo mundial; las razones se limitan a que “nuestros niños necesitan ser atendidos en aspectos socioemocionales como parte de su educación”. 

Sí, los niños requieren que se atiendan sus necesidades socioemocionales, pero las escuelas públicas están muy lejos de tener la capacidad para hacerlo. ¿Con qué personal profesional se prestará la atención en escuelas que carecen prácticamente de todo? Las autoridades deberían cuestionarse sobre el número de psicólogos que ha contratado la SEP para la atención en cada plantel educativo, y solo después de conocer el dato pensar en el regreso a clases.

En octubre de 2019 se liberó a un delincuente para salvar 200 vidas de inocentes; ahora se ponen en riesgo de sacrificio millones de menores. No parece una decisión sensata, pero ojalá que la realidad le dé la razón al presidente, por el bien de los niños y adolescentes, por el bien de este gobierno, y por el bien de México. 

¿Y los derechos humanos?, ¿y la responsabilidad del Estado?, usted opine.