La Corte, el TEPJF y la división de poderes

“A lo que más le temo es al poder con impunidad. Le temo al abuso del poder y al poder de abusar”

Isabel Allende

Cuando en el año 2006 Andrés Manuel López Obrador no logró el triunfo frente a Felipe Calderón, pronunció en un mitin la frase “Al diablo con las instituciones” escandalizando a un buen número de analistas y no se diga a funcionarios y actores políticos, quienes la utilizaron para tildarlo de anarquista; otros salieron en su defensa señalando que lo que AMLO quiso decir fue que “los funcionarios públicos que detentan el poder utilizan las instituciones del Estado en su particular beneficio y en el de su grupo, interpretando las leyes a su antojo, manipulando los procedimientos legales en perjuicio de su contraparte y dando sentencias a su favor” (Fernando Rangel de León, Milenio 22.10.2017).

Rangel de León argumentó en defensa de López Obrador, que éste aprendió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que las instituciones son las que hacen posible que el Estado funcione, y que las personas que estén al frente de ellas deben ser hombres y mujeres de leyes y no de consignas políticas, lo cual es puntualmente cierto; pero al parecer el presidente no fue a la clase en que se transmitieron las enseñanzas de Montesquieu, quien escribió que “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”, lo que encarna la esencia de la división de poderes y de los gobiernos democráticos.

La realidad cotidiana nos muestra una gran cantidad de expresiones y acciones del ahora primer mandatario, que conducen inexorablemente a una conclusión distinta a la planteada por Rangel. La descalificación de afirmaciones de aquellos a quienes considera sus adversarios, así como de datos estadísticos e información institucional, con el único argumento del “yo tengo otros datos”; la guerra de conquista de esas instituciones que mandó al diablo y su satanización ante la resistencia, así como su injerencia en la vida de otros poderes y órganos autónomos más allá del límite de sus facultades constitucionales, son solo ejemplos de una intención concentradora del poder para su control absoluto.

La pretensión fallida de extender por dos años las funciones del actual presidente de  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que concluyan junto con el ejercicio presidencial; la intención de renovar anticipadamente la integración del INE y la exigencia de renuncia masiva de las y los magistrados del TEPJF, para que las actuales consejerías y magistraturas sean ocupadas por personas afines y sometidas, y la descalificación del nuevo presidente del TEPJF porque alguna vez “lo ofendió” en un tweet, son manifestaciones claras de la pretensión de llevar el presidencialismo al extremo, ya que lo antes mencionado corresponde a un poder distinto al ejecutivo y a un órgano al que la Constitución dota de autonomía, respecto de los cuales el presidente no tiene injerencia legal alguna.

En torno al primer tema, el presidente de la SCJN recapacitó de grado o por fuerza, y al deslindarse de todo compromiso y anunciar que no aceptará la extensión de su mandato, dijo no a la pretensión presidencial de reunir en los hechos los tres poderes, pues al menos por este mes, conserva el control del poder legislativo con la connivencia de los diputados y senadores de su partido y de sus aliados.

La actitud del Ministro Arturo Zaldívar sería digna de elogio si se hubiera expuesto antes de la interposición de las controversias constitucionales, con las que se impugnó el artículo décimo tercero transitorio de la ley orgánica del poder judicial de la federación; desde abril hasta el jueves de la semana pasada guardó un silencio cómplice, que sumado a la decisión que la Corte tomó respecto a la pregunta de la consulta popular recién efectuada, hacían pensar en un acuerdo inconstitucional con la presidencia de la república.

La iniciativa de reforma constitucional para sustituir a los consejeros del INE, anunciada por el presidente López diez días después de la elección del 5 de junio, ya no podrá ser aprobada en la actual legislatura, y con la nueva conformación que tendrá la cámara de diputados a partir del primero de septiembre se antoja de difícil consecución; seguramente la consejería jurídica y la SEGOB están sudando la gota gorda para elaborar una exposición de motivos plausible, pues hasta la fecha ni el gobierno ni su partido han expuesto razones de peso que justifiquen la medida que, por cierto, no goza de aceptación ni entre legisladores morenistas.

Lo mismo puede decirse de una eventual reintegración del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no obstante que el presidente expresó que los actuales deberían renunciar, y que no está de acuerdo con la designación del nuevo presidente de ese tribunal Reyes Rodríguez Mondragón, una conformidad que por supuesto no se requiere.

Lo cierto es que quienes integran ese tribunal deben continuar buscando la unidad y la gobernabilidad interna, porque con lo sucedido el miércoles pasado se exhibieron todos, mandado un triste mensaje a los mexicanos.

No olvidemos que para que los ciudadanos alcancemos una auténtica libertad, es indispensable que el poder del estado se divida en varios poderes que sirvan de contrapeso y eviten los excesos de unos y otros, porque parafraseando a Aristóteles podemos decir que “el poder concentrado se convierte en tiranía”.