Consultas y democracia (Segunda parte)

"... Bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme, por el contario,

me someteré a la revocación del mandato..."

Andrés Manuel López Obrador.

Fe de erratas: Agradezco a mi amigo y Maestro, Dr. Flavio Galván Rivera, ex Magistrado Presidente del TEPJF, su atinada observación respecto a que la consulta "para juzgar a expresidentes", se realizará el 1 de agosto del presente año, y no en la misma fecha de 2022, como erradamente asenté en mi colaboración anterior; comparto también su posición respecto a la inconstitucionalidad de dicho ejercicio, porque no es motivo de consulta si se aplica o no la ley.

Hoy comentaré lo que a mi juicio son algunas de las vulnerabilidades del proceso de revocación de mandato, reiterando que su realización es aún incierta. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que hasta la fecha no existe una ley reglamentaria que desarrolle las particularidades del proceso revocatorio, pese a que el decreto de reforma constitucional de diciembre de 2019 encomendó al Congreso de la Unión emitir dicha ley; y desafortunadamente a estas alturas no parece haber tiempo para su eventual aprobación.

La falta de iniciativas revela que el Ejecutivo y el Legislativo tienen poco interés de hacer viable este mecanismo, y hace pensar que no es tan profunda la convicción presidencial de someterse a la revocación del mandato.

En tales condiciones, el INE deberá regular el procedimiento a través de acuerdos y lineamientos, lo que abrirá la puerta a descalificaciones e impugnaciones, y profundizará el encono oficial contra el órgano electoral.

Las disposiciones constitucionales en la materia imponen enormes obstáculos para que la ciudadanía impulse el inicio del proceso de revocación con posibilidades de éxito; en primer lugar, porque establece que solo los ciudadanos pueden solicitar la expedición de la convocatoria, descartando la posibilidad de que lo hagan los poderes de la Unión, incluyendo al presidente de la República como fue la intención inicial, ni los partidos políticos.

La solicitud debe presentarse dentro de los tres meses siguientes a que el ejercicio del presidente en turno agote su tercer año, por lo que en esta primera ocasión será entre el primero de diciembre del año en curso y el último día de febrero de 2022.  

Los ciudadanos interesados en solicitar la convocatoria contarán con cuatro meses a partir del primero de noviembre de 2021, para recabar poco más de 2 millones 800 mil firmas de ciudadanos, el 3 % de la lista nominal de electores que en esta fecha contiene 93 millones 440 mil individuos, cuidando que se distribuyan en al menos 17 entidades de la República.

Es un promedio de 23 mil 350 firmas diarias a nivel nacional las que tendrán que recabarse, lo que a simple vista se antoja posible, de no ser porque una tarea de tal envergadura requiere de una organización con liderazgo, que coordine las actividades y construya una estructura funcional y exclusivamente dedicada a esa tarea, lo que demanda cuantiosos recursos financieros que no podrán salir de los presupuestos públicos, porque la Constitución lo prohíbe.

Lo anterior significa que, si los ciudadanos quieren consulta revocatoria, deben asumir el costo de la captación de firmas; por ello, en el improbable caso de que el obstáculo económico sea superado, el INE emitirá la convocatoria y asumirá la organización de las siguientes etapas del proceso, para lo cual necesariamente emitirá acuerdos y lineamientos que incluirán la fiscalización del origen y destino de los recursos, y las prohibiciones propias del financiamiento electoral, como son que los recursos no sean aportados por sociedades mercantiles, ni por personas físicas o morales extranjeras y, desde luego, que se demuestre su origen lícito .

En caso de que la convocatoria se expida, el INE será el único ente autorizado para promover la consulta, aunque existe una alta probabilidad de que, pese a lo dispuesto en la Constitución y fiel a sus conductas ya conocidas, el presidente de la República intervenga mediante llamados, declaraciones y denuncias mañaneras.

La consulta deberá realizarse el domingo siguiente a que hayan transcurrido noventa días desde la emisión de la convocatoria, siempre y cuando no coincida con alguna jornada electoral federal o local, lo cual la ubica en el domingo siguiente al primero de julio de 2022.

En el mejor de los escenarios, es difícil considerar suficiente el librar los escollos legales y financieros para pensar que puede lograrse la revocación del mandato presidencial; ya que para considerar válido el proceso revocatorio, deberá participar en el ejercicio al menos el 40 % de los inscritos en la lista nominal, es decir alrededor de 37 millones 400 mil electores, y que de éstos voten a favor de la revocación el 50 % más uno de los electores, es decir más de 18 millones 700 mil electores.

Las impugnaciones que se presenten contra el ejercicio de consulta serán resueltas por la Sala Superior del TEPJF, luego de lo cual realizará el cómputo final del proceso y, en caso de que la revocación obtuviera mayoría absoluta, ese mismo tribunal emitirá la declaratoria de revocación.

De ser el caso, quien sea titular de la Secretaría de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo hasta por 60 días, durante los cuales el Congreso de la Unión nombrará al presidente substituto que concluirá el período.

La gran pregunta en cuanto al inicio del proceso es, quién o quiénes aceptarán el reto de encabezar y financiar la enorme tarea de recabar casi tres millones de firmas, pues quienes lo hagan serán etiquetados de inmediato como adversarios del régimen, y seguramente se ubicarán en la mira de dependencias como la Unidad de Inteligencia Financiera.

Aún si todos los obstáculos que antes se mencionan y otros que irán surgiendo sobre la marcha pudieran superarse para que haya proceso de revocación, lograr la mayoría se antoja difícil. En reciente estudio demoscópico de Consulta Mitofsky, casi un año antes de la probable consulta, el 54.1 % de los encuestados manifestó su inclinación por que López Obrador continúe en el cargo; en tanto que el 44.9 % quiere que se vaya.

En esas condiciones es muy factible que se concrete la advertencia presidencial: "Sepan pues, señores conservadores, que abandonaré la Presidencia en el día preciso que marca la máxima ley y que en 2024 me iré allá por Palenque".


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