Semana negra

La última semana de abril fue quizá la más larga y oscura de los dos años y medio de gobierno de la 4T, por la sucesión de acontecimientos adversos y por las reacciones presidenciales que anuncian un panorama complicado, si no es que sombrío, para nuestra endeble democracia y para nuestras libertades; más negra aún que aquél 17 de octubre de 2019, cuando la ciudad de Culiacán fue tomada por asalto para exigir –y finalmente obtener- la liberación de Ovidio Guzmán, que había sido detenido por el ejército.

El martes 27 marcó el arranque de la adversidad oficial con dos resoluciones de la Sala Superior del TEPJF. La primera de ellas pegó de lleno en el orgullo presidencial, al confirmarse la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco como candidatos a gobernador de Guerrero y Michoacán, respectivamente; e impactó también en la soberbia del primero de ellos, que horas antes había asistido a platicar con quienes integran el órgano jurisdiccional.

En la misma sesión se confirmó otro acuerdo del INE que estableció mecanismos para regular la postulación de candidatos a través de las coaliciones, con el propósito de evitar los fraudes a la ley que en 2018 permitieron alterar los límites de representación legislativa establecidos en la Constitución, para que en lo sucesivo se haga efectivo que ningún partido político obtenga más de 300 diputados, ni un número tal que sea superior en 8% al porcentaje de votación que obtenga.

De nada sirvió en el primer caso, la defensa que el presidente había hecho desde el púlpito mañanero, cuando se hicieron públicas las denuncias de violación de cuatro mujeres por el ahora excandidato Salgado Macedonio, ni las reiteradas acusaciones de que con su decisión el INE cometía un "atentado contra la democracia"; tampoco funcionó la trinchera ideológica construida desde la presidencia y la dirigencia del partido, reflejada en las marchas y plantones intimidatorios contra consejeros electorales, en los que participaron además de los candidatos depuestos, los más destacados militantes de Morena, como su dirigente nacional Mario Delgado y su coordinador legislativo en la cámara de diputados Ignacio Mier; igual de disfuncional resultó la amenaza del coordinador de los senadores morenistas Ricardo Monreal, quien días antes declaró que de resolverse el diferendo contra los intereses de su partido, como finalmente resultó, modificarían la ley para desmantelar el órgano electoral nacional, amenaza que sigue en pie.

Fue del todo inútil el indigno esfuerzo de defensa que desplegó en redes sociales y en la misma sesión el presidente de la Sala Superior José Luis Vargas Valdez, quien con argumentos fútiles como el que los inocentes candidatos no estaban enterados de su obligación legal de informar, pretendió que se rechazara el proyecto sancionatorio. Su imagen pública ya de por sí deteriorada se hundió aún más, aunque seguramente sus bonos subieron a los ojos de López Obrador y sus allegados; en ese ejercicio de inmolación política le acompañó, aunque tímidamente, la magistrada Mónica Araly Soto Fragoso.

El alineamiento de Vargas Valdez con el gobierno en turno se expresó desde 2019, cuando elaboró el proyecto de resolución que pretendía declarar la nulidad de la elección de gobernador de Puebla en las que resultó triunfadora la candidata del PAN Martha Éricka Alonso, sobre el morenista Miguel Barbosa, hoy gobernador de la entidad por el deceso en condiciones sospechosas de la primera; pero no es todo, el 13 de octubre de 2020 hizo público su proyecto para confirmar la decisión del INE de negarle el registro como partido político a la organización México Libre liderada por Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón.

El mismo martes 27 se dio a conocer el otorgamiento de un amparo definitivo a una exfuncionaria de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que no se le aplique por inconstitucional la limitación establecida en la Ley de Austeridad Republicana, que impide a ex servidores públicos emplearse en empresas privadas del ramo en el que se hubieran desempeñado, hasta por diez años posteriores al término de su encargo; otro golpe a las políticas de la 4T

La polémica en torno a la extensión del mandato del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y de quienes con él integran el Consejo de la Judicatura Federa, se mantuvo vigente y álgida durante toda la semana, que cerró con dos notas relevantes, una la relativa a la renuncia del senador por San Luis Potosí Primo Dothé Mata a su militancia en Morena, y a sus cargos como Consejero Nacional y como Consejero Estatal de ese partido; y otra de mayor resonancia y envergadura política, el anuncio del diputado Porfirio Muñoz Ledo, el mismo que colocó la banda presidencial en el torso de López Obrador, de que junto con académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en la defensa de la Corte y de los órganos autónomos, formará un Frente en Defensa de la Constitución, lo que indica un rompimiento del legislador con las políticas gubernamentales.

Los dos temas resueltos en definitiva por el TEPJF son una bocanada de aire fresco para los consejeros y consejeras del INE, que fueron amenazados por Salgado Macedonio de hostigarlos en sus casas, quienes ahora están bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera, gracias a un convenio firmado entre ambas instituciones, lo que hace que penda sobre ellos y ellas la espada de Damocles.

No se puede dejar de destacar que con altura de miras, la magistrada Janine Otálora y sus iguales Felipe de la Mata, Indalfer Infante, Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes, del TEPJF, se erigieron en el necesario factor de equilibrio y contención que el Poder necesita en este momento, devolviendo a la institución su prestigio y gobernabilidad, a riesgo de colocarse en la lista de quienes están en la mira del Poder, lista que cada día está creciendo.

Las reacciones oficiales no se hicieron esperar, como tampoco sorprendió el tono en que se expresaron, que dio muestras de intolerancia no solo frente a las instituciones y sus integrantes, sino contra el Estado de Derecho mismo; volvió a campear una famosa frase bíblica, pero no para bien: "el que no está conmigo, está contra mí", tan utilizada por políticos autoritarios de todo el mundo, y con ello creció también el riesgo de nuestras libertades.

Falta solo que además de la concentración del Poder, el oficialismo se plantee la eliminación del juicio de amparo, para que los ciudadanos estemos en total y extrema indefensión frente al Estado. ¡Que la boca se me haga chicharrón!


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