Energías en sentido contrario

“Puede que seas capaz de engañar a los votantes, pero no a la atmósfera”. Donella Meadows (científica ambiental y escritora estadounidense)

El 5 de junio próximo, un día antes de la jornada en que se decidirá el futuro de la 4T mediante la renovación de la cámara de diputados, se conmemorará por cuadragésima novena ocasión el Día Mundial del Medio Ambiente, instituido por la ONU en 1972 para fomentar la sensibilización sobre el medio ambiente y promover la atención y la acción política sobre este asunto.

Los prolegómenos de la celebración en México se prevén en sentido contrario al objetivo internacional, pues quizá para esas fechas hayan concluido los procesos jurisdiccionales en los que se encuentra inmersa la muy polémica reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, cuya aplicación fue suspendida en definitiva por un juez, aunque su destino no está sellado aún, no solo porque la decisión del juzgador puede ser revisada y ratificada o modificada en una instancia superior, sino porque como ya lo anunció el presidente de la República, podría abrirse un nuevo capítulo con una iniciativa de reformas a la Constitución en la materia.

Desde el principio llamó la atención el anuncio de que la iniciativa de reforma legal se presentaría con carácter preferente, para que fuera aprobada con toda la celeridad que permiten las regulaciones constitucionales y las internas del Congreso; y surgió la pregunta inevitable: ¿por qué tanta prisa?

El objetivo declarado de la reforma era fortalecer las finanzas de la CFE, privilegiando la comercialización de electricidad que esa paraestatal produce, lo que tendría como efecto colateral que las empresas privadas que producen energías limpias bajaran sus costos, y aceptaran modificar los contratos celebrados durante el sexenio pasado.

Otro efecto sería incrementar la producción de electricidad utilizando combustóleo, el residuo resultante de la refinación de petróleo crudo, rescoldo que es tratado con otros materiales residuales que se mezclan entre sí y contienen un alto porcentaje de azufre y otros contaminantes, que luego de su combustión termina en el ambiente. 

Con ello se daría respiración artificial a una CFE paralizada y en franca crisis financiera, con el valor agregado que representa el que Pemex pueda deshacerse de ese subproducto que no tiene posibilidad de comercializar por otros medios,  obteniendo un ingreso adicional por su venta a la empresa estatal de electricidad. 

Vista superficialmente la estrategia parece plausible, ya que pone en movimiento un círculo económico que se desarrolla completamente entre las dos empresas dependientes del Estado, y en apariencia tiene la “virtud” de forzar a las empresas privadas a reducir su producción o a malbaratarla, lo que tarde o temprano les llevaría a la quiebra y a su desaparición, sin que ello implique costo financiero directo e inmediato para el gobierno.

Sin embargo, aún si la estrategia funcionara, el costo real para el país solo se estaría difiriendo, porque además del impacto ambiental que es de momento inconmensurable, el efecto económico de largo plazo sería más grande que el derivado de la cancelación del aeropuerto internacional de la CDMX, al provocar  incumplimiento de pactos internacionales como los compromisos climáticos asumidos en el Acuerdo de París, las cláusulas ambientales del T-MEC, o la Modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea, con los que la política energética que se pretende imponer en México es incompatible, porque siembra serias dudas sobre la confianza, el respeto, la credibilidad y la seguridad jurídica de las inversiones que esos acuerdos garantizan, como lo expresó Jordi Cañas en el Parlamento Europeo, además de la atención que ya presta a la reforma el gabinete de Joe Biden.        

En el plano político nacional la prisa solo puede explicarse a partir de que el planteamiento se realizó en una fase avanzada del proceso electoral en marcha, cuando sin mayores problemas pudo esperar a que se agotara la jornada electoral, dando espacio para una verdadera, amplia y seria discusión previa a su aprobación; pero ni el Ejecutivo ni el sumiso poder legislativo quisieron arriesgarse a que, en la eventualidad de perder la mayoría en la cámara de diputados, la reforma se tornara inviable.

El innecesario Fast Track hace pensar que tras la intención reformadora en sí misma, hubo motivaciones de tipo electora, que hoy se aprecian con mayor claridad. Era necesario provocar la reacción de la oposición partidista y del resto de los adversarios conservadores, para exhibirlos como defensores de las empresas identificadas como enemigas de la 4T, y generar a partir de ellas la percepción de que oposición y empresas defienden intereses particulares y no los intereses superiores del país, como insistentemente se denuncia desde el púlpito oficial.

El principal objetivo presidencial en este rubro, afianzar la aprobación popular del gobierno y garantizar la concentración del poder en la persona del presidente mediante el sometimiento del único Poder que aún no controla, el Judicial, no parece haberse logrado aún, pues no ha podido resarcir la pérdida de tres o cuatro puntos en las preferencias, que se presentó durante el último mes.

Ni siquiera se logró a través del discurso agresivo contra el Juez que otorgó la primera suspensión provisional, porque quedó evidenciado el exceso al descalificar al juzgador, y solicitar su investigación por supuestas complicidades no comprobadas con personajes que también fueron descalificados, como Claudio X. González, padre e hijo,  la empresa española Iberdrola, el Ministro en retiro de la SCJ José Ramón Cossío Díaz y el Ministro en funciones Luis María Aguilar Morales, quien hace algunos meses se atrevió a proponer que se declarara inconstitucional la consulta sobre la investigación a expresidentes.

El presidente aseguró que la reforma no es inconstitucional, pero quien debe declararlo va en sentido contrario. ¿A caso se trata de ineficiencia de la consejería jurídica, de la secretaría de gobernación y de las áreas jurídicas de las cámaras?, o simplemente es caprichosa desatención del Estado de Derecho.

Ojalá sea lo primero, pues tal falla puede solucionarse más fácilmente.