Municipalización

“Lo que el pueblo necesita para gozar de libertades es su emancipación económica, base inconmovible de la verdadera libertad”.

Ricardo Flores Magón

El próximo 22 de abril se cumplirán 502 años de la integración del primer ayuntamiento en nuestro territorio, cuando Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Vera Cruz, con lo que arrancó la historia de la institución municipal en México y América Latina. La historia oficial ha pretendido “nacionalizar” la figura del Municipio y de su principal órgano, el ayuntamiento, citando como su antecedente el “calpulli”, aquella forma elitista de organización de ciertas familias privilegiadas, que poco o nada tiene que ver con el actual municipio.

En realidad el municipio es una institución trasladada de España por los conquistadores, que paradójicamente tuvo su mayor desarrollo una vez obtenida la independencia, al grado de convertirse en la institución base de la organización política y territorial del Estado Mexicano, como se reconoce en el artículo 115 de nuestra Constitución.

En la actualidad existen en el país 2 mil 459 municipio que están lejos de tener entre ellos una identidad económica, política, étnica o cultural. Una realidad palpable es que aquellas entidades que cuentan con el mayor número de municipios, encuentran mayores dificultades para su desarrollo y se muestran, desafortunadamente, como las más pobres y subdesarrolladas del país.

Oaxaca, por ejemplo, cuenta con 572 municipios que representan el 23.26% del total nacional, y su crecimiento económico en el quinquenio 2015-2020 ha presentado una tendencia negativa de -0.9%; en tanto Chiapas que tiene 118 municipios y representa el 4.8% del total del país, tuvo un decrecimiento del 1.1% en el mismo período. Solo como referencia, Sinaloa con 18 municipios, 0.73% del total nacional, tuvo en este periodo un crecimiento positivo del 5.5%, según cifras del INEGI.

El propio Instituto revela que en el año 2010, los diez municipios con el PIB más bajo del país fueron todos del Estado de Oaxaca.

Desde luego que estas cifras requieren un estudio más detallado para demostrar la hipótesis de que a mayor número de municipios, es menor la oportunidad de crecimiento económico y bienestar social de las entidades, pero a simple vista es una realidad oficialmente reconocida que la pobreza de los estados es el resultado de la pobreza de sus municipios, porque a mayor número de éstos, los recursos que el Estado y la Federación destinan a cada uno de ellos es menor, como también es menor el importe de su recaudación, lo que significa el empobrecimiento tanto de los que prevalecen como de los nuevos municipios.

Si se da crédito a lo anteriormente afirmado, quienes solicitan y quienes aspiran a crear nuevos municipios deberían reflexionar sobre varias interrogantes y resolverlas antes de decidir. Una de ellas se refiere a la disyuntiva entre cantidad y calidad, no solo como un elemento de mercadotecnia, sino de la propia subsistencia de las comunidades que serán llevadas a esta aventura, pues es claro que la creación de un nuevo municipio resta fuerza en aquél o aquellos de los que se desprende, pero no la traslada en automático al que se genera.

El Congreso del Estado decidió aprobar la reforma constitucional para crear dos nuevos municipios, uno en la actual sindicatura de Eldorado, en Culiacán, y el otro en la de Juan José Ríos, en los municipios de Guasave, Ahome y El Fuerte, con apego a su facultad contenida en la fracción VII del artículo 43 de la Constitución local, disposición diseñada hace al menos 62 años, pues la publicación de su última reforma fue el 8 de agosto de 1959, cuando los criterios poblacionales y de prestación de servicios públicos eran totalmente distintos a los actuales; y en ausencia de una ley reglamentaria a través de la cual pudieran establecerse parámetros actualizados.

La inexistencia de esos parámetros permite que la creación de nuevos municipios se realice con un alto grado de discrecionalidad, y permite el uso populista y con fines puramente electorales, pues hacerlo en pleno proceso electoral impide que si existiera un o una legisladora, o un grupo parlamentario consciente del entorno político y económico, exprese su voto en contra de la municipalización, a riesgo de actuar en el ámbito de lo políticamente incorrecto.

En cuanto a los impulsores de la propuesta, a quienes respeto y pondero su acción participativa y el ejercicio de su legítimo derecho ciudadano, sigo pensando que persiguen una quimera, un sueño o ilusión válidos para ellos y que implican el anhelo de que sus comunidades sean tomadas en cuenta para satisfacer sus necesidades más elementales, pese a ser muy improbable que se realice.

La recaudación de ingresos propios es uno de los factores que puede aumentar la capacidad de las administraciones municipales, para responder a las necesidades de servicios de la población, al mismo tiempo que incrementa su libertad de ejercicio del presupuestos, al no depender de los recursos etiquetados previamente por otras instancias gubernamentales.

La base principal de los ingresos propios de los municipios es el impuesto predial, y básicamente de su recaudación depende el monto de las aportaciones federales y estatales. En este sentido, los nuevos municipios se enfrentarán a una escasa cultura tributaria de la sociedad, que se potencializa con la cultura política electorera de la autoridad, y profundiza la corrupción y las naturales deficiencias técnicas y operativas.

Esta realidad es más cruenta en comunidades pequeñas, en las que la cercanía entre autoridades, cacicazgos locales, familia y amistades impiden establecer una adecuada e igualitaria política de recaudación. En fin, ya embarcados en la nave municipalizadora, habrá que enfrentar los problemas desconocidos, y eso cuesta.

Nunca la atomización de recursos e instituciones será la mejor vía para fortalecernos; pero quizá tuvo razón Thomás Alba Edison al afirmar que “los que dicen que es imposible, no deberían molestar a los que lo están haciendo”.