Inicia la concentración del poder (Primera parte)

"El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente"

John Emerich Edward Dalberg-Acton (Lord Acton)

Sobre aviso no hay engaño. Si la oposición se lo permite la 4T dará, en pleno proceso electoral, un enorme paso hacia la concentración del Poder, como se advierte del anuncio del titular del ejecutivo federal, en el sentido de que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de modificaciones a la Constitución para concretar lo que según su visión será una reforma administrativa de profundas implicaciones en la burocracia.

De aprobarse la reforma en los términos planteados, ciertamente tendrá profundas consecuencias pero no solo sobre la burocracia, como señala la corta visión del mandatario, pues estará encaminada a terminar con las percepciones económicas de cualquier servidor público que sean superiores a los del Ejecutivo, así como a la desaparición por absorción de órganos reguladores con autonomía constitucional y desconcentrados.

El acotamiento salarial es un objetivo que los integrantes de la actual legislatura federal no supieron plantear adecuadamente, por lo que consejeros del INE y de otros órganos autónomos pudieron mantener sin modificación sus percepciones, mediante sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El otro objetivo, la desaparición de órganos autónomos y desconcentrados mediante la absorción de sus funciones por dependencias del Poder Ejecutivo, traerá aparejado el desmantelamiento de la plataforma institucional que da cauce a las relaciones plurales, complejas y altamente especializadas de nuestra sociedad, lo que significará fusionar al vigilado con el vigilante y, en consecuencia, eliminar la vigilancia en detrimento de la regulación de distintos rubros económicos que dan certeza a la inversión, e institucionalizar la ya de por sí creciente opacidad de este gobierno.

Aunque quizá la visión presidencial no sea tan precaria como a primera vista parece, si no al contrario, larga en el sentido que utiliza este término la vox pópuli, es decir gandalla, por que pretende aprovecharse consciente e interesadamente de la ocasión para consolidar un régimen centralizador que, a la par que desinforma a la ciudadanía, reduce sus libertades bajo argumentos fútiles que son aceptados por el pueblo bueno e ignorante, en la ingenua creencia de que esas medidas los llevarán a un mayor bienestar.

La propuesta presidencial, en los términos expresados por el propio presidente, soslaya las obligaciones internacionales que México ha asumido en distintos tratados y acuerdos como el T-MEC, que incluyen mantener órganos reguladores independientes en materia de competencia económica, telecomunicaciones, energía y otros rubros, a fin de garantizar que las condiciones de la inversión sean creíbles, para que los empresarios nacionales y extranjeros tengan reglas claras para invertir con certeza.

En opinión de los expertos, la absorción del IFETEL y de otros órganos reguladores, autónomos o descentralizados, representará un serio retroceso en materia de regulación, evaluación y control, que nos colocaría en la misma situación en que Carlos Salinas entregó la telefonía nacional a su tocayo y amigo Carlos Slim, por cierto amigo también del mandatario actual, pero sin la expectativa de inversiones nacionales o extranjeras que si produjo el actuar salinista, debido a la falta de certeza que una regulación ausente o débil genera.

Bien apunta Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce (ICC), que trasladar las funciones de los órganos autónomos a las secretarías de Estado equivale a convertirlos en órganos políticos, con lo que las decisiones técnicas se expondrán a la opinión única y en el extremo al capricho del presidente; igual que está  sucediendo ahora con el programa de aplicación de vacunas contra Covid-19, que en lugar de iniciar, como sería lógico, en los lugares de mayor concentración de casos confirmados, se pretende arrancar en las poblaciones más marginadas, a las que ni el virus llega.

Ante el argumento de que con la medida se ahorrarían 20 mil millones de pesos, debe reflexionarse que esa cifra y mucho más se esfumará al entorpecer el flujo de inversión extranjera y nacional, lo que derivará no solo en una baja generación de empleo, sino en el abatimiento de la recaudación fiscal que obligaría a recurrir al crédito externo e interno en condiciones mucho más desventajosas que las actuales. Así lo advirtió Jorge Fernando Negrete, director de Digital Policy Law, al señalar que en lugar de ahorrar dinero, la propuesta se traduciría en caídas de inversión y pondría precio al derecho constitucional de los usuarios como el acceso al internet.

En tales condiciones, dada la crisis económica por la que atraviesa el país, la desaparición de órganos reguladores autónomos y desconcentrados equivaldrá a disparar la bala sobre una de las extremidades inferiores de la economía nacional, pues se generará incertidumbre y con ello un ambiente negativo para la inversión. Ojalá que la bala no atine en el pie que todavía sirve.

A los órganos autónomos pueden hacérseles infinidad de críticas, empezando en muchos casos por su alto costo de operación, pero nadie puede negarles que su actuación ha producido importantes beneficios al desarrollo democrático de México. Son perfectibles, deben ajustarse a la austeridad, pero eso no significa que deban desaparecer.

El presidente mencionó entre otros a IFETEL, COFECE, INAI, CRE, SIPINNA, CONAPRED y CENACE, pero en esa ruta nada impedirá que continúe con el INE, la CNDH, la FGR y otros, con miras a retomar el control gubernamental de estos rubros como se ejercía en el pasado, si así conviene a los intereses de la 4T.


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