Neutralidad

“… el problema no es la `ideología ’sino sus resultados en la vida de una sociedad concreta…” 

Edgardo Mocca

Los procesos electorales del presente milenio en México se han distinguido por la participación de las coaliciones en la competencia por el poder; de esas uniones que se establecen para enfrentar al oponente, sea que se constituyan con apego a la legalidad en forma de coaliciones o postulación de candidatos comunes; o bien mediante alianzas cuya existencia no siempre trasciende al ámbito ciudadano.

En cada una de las cuatro elecciones presidenciales recientes, que cubren un periodo de 20 años, han participado al menos dos coaliciones, y en tres de ellas obtuvo el triunfo un candidato coaligado; también han sido frecuentes en múltiples elecciones estatales y municipales, lo que les da un arraigo y una legitimación política y jurídica.

Desde su adopción en la ley, las coaliciones han sido criticadas desde el espacio ciudadano y mediático, rechazando que se unan partidos ideológicamente antagónicos, sin entender que esa unión es resultado del pragmatismo que campea en la lucha electoral, enfocado en la conquista del poder, más que en el servicio a la sociedad; pero nunca las coaliciones habían sido descalificadas desde la cúpula del Poder, lo que debe llamarnos a la reflexión sobre la actitud que toda autoridad debe frente a los procesos electorales.

Desde el último cuarto del siglo pasado se inició en nuestro país la construcción de un régimen democrático, que ha venido avanzando con la construcción de instituciones electorales sólidas, lo que permitió entre otras cosas trascendentes, poner fin al régimen de partido hegemónico, establecer la pluralidad y la alternancia de diferentes fuerzas políticas en el Poder, gracias a que tanto en el plano constitucional como en la práctica política se ha establecido la neutralidad del Estado y sus instituciones en el marco de la contienda electoral.

La neutralidad es una institución que existe en paralelo con la filosofía política desde su nacimiento en el siglo XV, por lo que se erige como parte esencial de la cultura de la legalidad en una sociedad democrática, particularmente cuando se desarrollan procesos electivos. Es una filosofía política que pone en el centro el derecho ciudadano a elegir libremente a sus gobernantes, puntualmente recogida en el artículo 39 de la Constitución, que reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo y que éste tiene en todo tiempo el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

De esa disposición constitucional y de varias otras, se ha derivado la obligación de neutralidad para todo servidor público, contra la que no puede oponerse un derecho individual de quien gobierna. El gobernante es eso, un servidor público, y por ello debe entender que no le es dado actuar con parcialidad en la contienda electoral, mediante actos o declaraciones que influyan sobre las decisiones que corresponden al colectivo social.

Quien gobierna debe entender que la política, particularmente en el plano electoral, se convirtió hace muchos años en ejercicio reservado a quienes, según la idea de legitimidad democrática, expresan la voluntad popular.

En México, la Constitución establece como vía para ese ejercicio a los partidos políticos, al asignarles la función de dar vida a la democracia como conductos de la voluntad ciudadana, sin implicar para nada al gobernante. Éste no debe interferir en la orientación de la voluntad electoral de los ciudadanos, porque esa función es propia de los partidos políticos.

En el diseño de nuestro sistema electoral se incluyó de inicio un catálogo de causas de nulidad de una elección, y no son pocos los casos en que han sido aplicados, como sucedió en Colima y en Tabasco, la entidad de origen del presidente López Obrador.

Correr el riesgo  de anular elecciones por influir sobre los electores a favor de su partido, se convierte en un contrasentido cuando se postula un ejercicio austero de los recursos públicos, porque implica el enorme gasto de recursos para reponer el proceso; y se torna irresponsable tanto por el desgaste político de quien lo provoca, como por la confrontación social que puede llegar a generarse con una elección extraordinaria.

Es innegable que el titular del Ejecutivo está legitimado para manifestarse contra la figura de las coaliciones, pero su espacio es la iniciativa legislativa para acotarlas o desaparecerlas; sin embargo es inadmisible que iniciado un proceso electoral se arremeta contra determinadas coaliciones, que no están alineadas.

Sobre esa base el INE dio entrada a la queja del PAN y el PRD, así como a las  solicitudes de 12 diputados federales para dictar medidas cautelares en contra del presidente, por el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y llamado indebido al voto, durante su reciente gira de trabajo por Baja California, así como en su conferencia matutina del último día de noviembre, donde se pronunció negativamente sobre la alianza entre el PAN, el PRI y el PRD, e invitó a la ciudadanía a reflexionar su voto de cara a los comicios de 2021.

El INE consideró que las declaraciones de López Obrador corresponden al ámbito electoral, afectan la equidad e influyen en las preferencias de la ciudadanía en los comicios del próximo año, en contra de los partidos coaligados; por lo que solicitó al presidente que se abstenga de realizar expresiones que impliquen intromisión en el proceso electoral y proselitismo en favor o en contra de una fuerza política, actos que la ley prohíbe a toda persona, porque atentan contra los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, conforme al artículo 134 constitucional.

El presidente rechazó la medida e interpuso recurso ante el TEPJF, quien reciba ahora la nueva papa caliente. Y de nuevo la frase: ¡Pero que necesidad!