Seguridad bajo cien fuegos (Segunda parte)

“El político debe tener: amor apasionado por su causa; ética de su responsabilidad;  mesura en sus actuaciones”.

Max Weber

Necesitamos con urgencia mujeres y hombres excepcionales en el ejercicio de la política, que entiendan de que se trata este asunto de gobernar, que tengan una verdadera visión de estado, que identifiquen y respeten el límite entre el interés público y el interés personal, que se acepten como mandatarios no como mandantes, que escuchen todas las voces sin filtro alguno y permitan ser escuchados, que impulsen el respeto a la propia investidura y a las instituciones prescindiendo de imposiciones y amenazas; que se auto triple: auto limiten, auto disciplinen y autocritiquen cotidianamente; que respeten la libertad de los demás por encima de la propia.

Que ésto es una utopía, un ensueño, una quimera, una ilusión?, sí, es todo eso, pero es también un ideal que los mexicanos deberíamos perseguir con pasión por el futuro, pues como en su momento afirmó el prestigiado sociólogo Max Weber, “toda experiencia histórica confirma la verdad de que el hombre no hubiera obtenido lo posible si no hubiera pugnado una y otra vez por alcanzar lo imposible”.

Los mexicanos debemos entender que la seguridad pública está ahora más que nunca bajo fuego, y que eso solo puede convenir a los que hoy ejercen el poder real, fáctico de nuestros territorios y, desgraciadamente, de buena parte de nuestras vidas.

Debemos exigir que nuestros gobernantes asuman con seriedad el gran reto de regresarnos la paz y tranquilidad que nos pertenecen de origen, mucho más allá de frases pre elaboradas; con acciones y estrategias que no dejen lugar a duda sobre complicidades, acuerdos o sumisiones; con compromisos tangibles que se reflejen en mejores condiciones, en ese bienestar sobre el que tanto se insiste y no solo en esperanzas para el futuro.

Infortunadamente el panorama inmediato no es halagador. A casi dos años de gobierno no se vislumbra una estrategia clara de combate a la delincuencia; el Estado Mexicano, en voz de su presidente, parece haber renunciado al monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de su territorio, y por esa razón las fuerzas armadas han sido sometidas al escarnio, y la Guardia Nacional se muestra como un gran aparato ornamental que, pese a su estructura, disciplina e integración casi totalmente militar, solo alcanza exiguos resultados; los elementos civiles de la antigua policía federal serán, con todo y su capacitación especializada y profesional, simples porteros de dependencias federales; la intervención del ejército en tareas de seguridad pública acordada por el presidente fue declarada inconstitucional; y para colmo se encomienda a militares la ejecución de tareas de administración de justicia eminentemente civiles, como es el determinar la peligrosidad de cualquier individuo que sea imputado por un delito que no amerite prisión preventiva.

Pero no todo termina allí. Sesenta por ciento de los efectivos policiacos de estados y municipios no han acreditado los exámenes de control de confianza, por lo que su actuación es irregular e implica un riesgo mayúsculo de infitración; de los programas de formación y capacitación de estas policías, a cargo de la Guardia Nacional, no se sabe absolutamente nada; en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2021 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se contemplan recursos presupuestales para el subsidio del Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG), que para este 2020 recibió 3 mil 921 millones 700 mil pesos.

Con la eliminación de este subsidio se abandona a su suerte a los estados y municipios, pues de él se cubren gastos de evaluación de control de confianza de los elementos de instituciones policiales municipales, su capacitación, la homologación policial y la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, la prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y, en general, la profesionalización, certificación y equipamiento de las instituciones de seguridad pública.

En este complicado entorno es que el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo Montaño, tomó la decisión de abandonar el cargo para competir por la gubernatura del Estado de Sonora; decisión que no pudo haber prosperado si no contara con el visto bueno del presidente de la República.

Sintiéndolo por Sonora, ojalá que ese visto bueno se haya otorgado al vislumbrar la posibilidad de un gran cambio en la estrategia de seguridad, que parta de dos elementos fundamentales, uno que el mando de esa dependencia se mantenga en un civil, y el otro, que se le sustituya con un servidor público con perfil técnico y que no aspire a un cargo de elección popular, al menos en lo inmediato. Todo esto son también solo buenos deseos, pues habiendo entregado esta función estratégica a las fuerzas armadas, lo más lógico será designar a un militar en retiro, o bien a un o una civil manejable al antojo de los militares, es decir, una nueva simulación.

El presidente parece haber optado por una mujer, Rosa Icela Rodríguez, para ocupar el cargo que abandonó Durazo, y aún tiene varios civiles de donde escoger, en los actuales subsecretarios Ricardo Mejía Berdeja y Leonel Cota Montaño. Este último exgobernador de Baja California Sur; así como en el actual Secretario del ramo en la Ciudad de México Omar García Harfuch, e incluso en el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo, quien ya no irá por la gubernatura de Querétaro.

Durazo deja de herencia 34 mil 673 homicidios, solo en 2019, aunque fiel al designio presidencial de “no mentir, no robar y no traicionar”, se va declarando triunfalmente que el crimen organizado no controla ningún territorio en México, y que no tiene capacidad de retar al Estado, como si lo hizo hace poco más de un año en Culiacán. Que le vaya bien y que sea para bien.