El Estado benefactor (parte 9)

La creciente situación de inseguridad que padece el país, se extiende a todas las regiones; a las graves conductas antisociales comunes, se incrementan otras que arrastran a grupos aislados y vulnerables para profundizar el laberinto criminal. La impunidad como norma, ante hechos delictivos que se diversifican, se reproducen, en un abierto desafío a las autoridades.

El Gobierno Federal está sumido en una delicada depresión económica, que se alarga en proyecciones en el mediano y largo plazos; a la pésima estrategia contra la pandemia, se sumó una errónea actitud con omisiones profesionales que, a la fecha, alcanza niveles trágicos; hay carestía en el mercado de consumo de los satisfactores básicos y generales; alza en bienes y servicios; desempleo galopante; brotes de descontento social; generación de escenarios de confrontación permanente, lo vemos en la calle, en redes, con segmentos diversos de la sociedad, donde el gobierno es promotor y actor principal. Emerge, por otra parte, la crisis fiscal y las políticas de ajuste permanente a las finanzas públicas, con la consecuente limitación redistributiva del gasto.

A este revoltijo de afectaciones por parte del gobierno Federal, con la concurrencia de sus legisladores afines, se suma la decisión de extinguir un número importante de 109 fideicomisos, que formaban parte de la estructura de la administración pública nacional. Hemos referido que el Estado benefactor, en su época de auge, se aproximó a las 1300 entidades paraestatales, integrado por los organismos descentralizados, empresas de participación pública mayoritaria, minoritaria y fideicomisos, que desplegaron en el país, una intensa actividad social y productiva, con el marcado intervencionismo asistencial proveedor de bienes, servicios y actividades conexas a amplios sectores y núcleos de la población. Hoy, continúa la resta con la desaparición de fideicomisos, y deja un saldo que arroja alrededor de 150 paraestatales.

Las causas, más no razones, que esgrimen el gobierno y los legisladores extintores, es la retahíla reiterada que usan para todo: corrupción y austeridad; una bandera que pasean a su conveniencia para señalar o acusar a quienes no comparten sus intereses o se pliegan a sus designios.

La actividad de esos organismos -creados y estimulados en el Estado benefactor- se centra en investigación, tecnología y desarrollo científico; atención a víctimas y desaparecidos; producciones culturales, creativas y tareas académicas; al deporte de alto rendimiento. Comprende también el Fondo de Desastres Naturales y apoyos a organizaciones y colectivos diversos que enfocan sus tareas a grupos vulnerables sociales.

La revisión permanente de cualquier órgano del Estado, que satisfaga los extremos de la rendición de cuentas, el cumplimiento de metas y la transparencia, son una exigencia legal y social, a la que nadie se opone. La regularidad del desempeño debe acompañarse de mecanismos de vigilancia, con comités técnicos que supervisen el uso de los recursos y la publicación de resultados. Los mecanismos de asignación, ejercicio y comprobación de recursos tienen una asignatura de claridad y no sombra en la tarea educativa y científica.

En la toma de decisiones, no hubo una auscultación rigurosa, ni procedimientos previos que identificaran el estado de cosas de los organismos; no se estimó el balance general del desempeño de los fideicomisos. Inicialmente, se debió verificar la situación de cada uno; contar con el diagnóstico sobre su condición y viabilidad; el apego a sus obligaciones administrativas y contables; la evaluación de sus actividades, la medición de sus resultados y la pertinencia de su vigencia. Con esos méritos se crean argumentos y es dable proceder a ejecutar acciones para desmontar, en su caso, activos importantes de la estructura institucional nacional. 

Lo cierto es que, el conjunto de fideicomisos a desaparecer, implican una bolsa de setenta mil millones de pesos del presupuesto; a esa cifra hay que agregar disminuciones a partidas de otros fondos y programas, que elevan a más de cien mil millones, la disposición financiera. Por lo visto, hay apuro en apropiarse recursos, con miras a la integración de gastos en el año venidero. Recordemos que ya no hay ahorros, desde el año pasado se acabaron el Fondo de Contingencia económica, que dejó el anterior gobierno, cuyo monto ascendía los 300 mil millones de pesos. Todo parece indicar que el objetivo es allegarse el dinero para centralizar su control y distribución. En este caso, sin transparencia ni fiscalización. Además, no se enuncian reglas de operación. ¡Su ejercicio será discrecional!

Continuará...


Más de Alger Uriarte Zazueta