El Estado benefactor (parte 7)

A partir de 2018, la nueva generación de programas sociales cambió la dirección, clasificación y montos. Se eliminaron las convocatorias donde participan organizaciones de la sociedad civil, para ejecutar acciones que intervienen en problemas sociales. Centralizaron el control, operación y asignación, incluyendo determinaciones discrecionales. Desaparecieron y/o modificaron los criterios y el sentido de responsabilidad de desarrollo social, que venían incorporando acciones satisfactorias desde décadas atrás. 

La nueva estrategia, tiene padrones actualizados y un diseño distinto de regionalización con programaciones específicas. Este replanteamiento debe precisar diagnósticos completos y certeros, metas medibles, población objetivo, reglas de operación claras y su impacto en la disminución de la pobreza. Como cualquier política de Estado, la asignatura social deberá estar sujeta también, a transparentar los procesos y llevar a cabo evaluaciones rigurosas.

La actual administración los ha bautizado con un sustantivo noble, nada nuevo, original, ni creativo, por supuesto con la acepción, la categoría gramatical: “bienestar”. 

Y ha insistido en marcar su sello, al eliminar buena parte de los anteriores, crear unos, fusionar algunos y resectorizar otros.

Hoy, los programas sociales se han multiplicado, en monto, ámbito y dimensión poblacional. Son la bandera y la apuesta social del Gobierno Federal.

No es difícil imaginar que cualquier Estado, tiene dificultades para atender las rutinarias actividades de provisión de bienes y servicios. Más aún aquellos que están disminuidos y con crecientes exigencias sociales. Tengamos presente que los gobiernos, por lo general, deciden entre inconvenientes y en estrechez financiera y material. En la época posmoderna, no hay suficiente capacidad de respuesta, para acometer múltiples asuntos -los acumulados históricamente, más los actuales-. A ello, hay que aquilitar los desafíos que surgen en emergencias colectivas, en escenarios de prontitud para la atención en cantidad y calidad. Particularmente en horas de calamidades. Solamente el Estado, no obstante, con sus deficiencias y limitaciones, puede, con su estructura diversificada, su potencial humano y el propósito de gratuidad y permanencia que rige al interés público, dar cauce a situaciones tan complejas. Los agentes particulares no están en condiciones de atender la magnitud de tales contingencias. No está en su posibilidad, en la esencia de su mística, ni en sus fines.

A la luz de los sucesos mundiales inesperados, emergió la realidad estructural pública y privada de México, en la que se mostraron las aptitudes y limitaciones en áreas sustantivas de la actividad social; es pertinente replantear la participación del modelo vigente. 

Pretender una reforma de gran calado, implica un tratamiento político, financiero y organizacional cuidadoso; exige un diseño bien acabado que mida los efectos en los diversos órdenes productivos y sociales. En los momentos actuales, incursionar en un escenario de cambios, implicaría alterar cursos de acción con quebrantos a los sectores económicos, y costos políticos a la autoridad.

No se trata de incrustar un molde que altere a las actividades particulares que funcionan con orden y concierto, pero sí, revisar espacios de necesario acceso y control público, los relacionados con la previsión, pero también, otros modos de intervención que brinden alivio social en servicios que se han convertido en prioritarios. Se requiere primeramente, poner la casa en orden,- tarea harto compleja- con estrictas medidas de certeza y transparencia, en funciones y recursos, que definan: tiempos, lugares, formas, grado de intensidad y alcances.

Continuará...


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