El Estado benefactor (parte 5)

La historia de las ideas políticas y sociales y la formación de sistemas gubernamentales, es un campo de estudio necesario para revisar las experiencias en la aplicación de modelos públicos. Ninguno es puro. Los Estados, en diferente medida, intervienen en la regulación del mercado, como productores o proveedores de bienes y servicios.

En México, el término bienestar era un objetivo superior; orientó las actividades del Gobierno. Los empleados públicos tenían relación y trato solidario con los programas sociales. Los asumían. Las instituciones administrativas, definían criterios, objetivos y prioridades de las políticas de bienestar.

Un ideal nacional ¡bien bosquejado!

En el ámbito del Estado benefactor, México aplicó un modelo de economía mixta con crecimiento y desarrollo estabilizador exitoso. Le llamaron fuera del país: "el milagro mexicano". Las circunstancias lo justificaron plenamente. Se privilegió a la inversión y planeación como instrumentos para el diseño e implementación de las políticas federales y estatales. Se ampliaron los derechos sociales y las conquistas laborales. Tienen vigencia tres elementos claves: libertad económica para empresarios, libertad para trabajar (asalariado) y derecho al bienestar social. Con la inversión y el gasto público se atendían demandas de todos los sectores sociales. Había acuerdo para respetar el orden jurídico y político en la sociedad, a partir de la distribución de beneficios. -Como ya se refirió-, vinieron los cambios; espacios que fueron del dominio gubernamental, pasaron a particulares.

De manera paradójica, el Estado, -transfiere de manera inexplicable- algunas áreas de producción y servicios que le eran muy redituables, y sobre todo de distribución de beneficios sociales; a la vez que, compromisos ineludibles, entran en crisis recurrentes (deuda pública, revisiones salariales, pensiones, asistencia social, jubilaciones y derechos de recreación, entre otros). Desde entonces las demandas de servicios y las exigencias ciudadanas se incrementaron; la brecha de la desigualdad social, no ha disminuido. 

Llama la atención que, al concluir el ciclo formal del Estado bienestar; denominado también, "Welfare State", o Estado asistencial, (con elementos comunes, no obstante las peculiaridades en cada región), con su loable formación de capital humano y material; con el cúmulo de apoyos directos e indirectos, de canales de abastecimiento, de producción de bienes y redes de servicios públicos; con la edificación de una extensa infraestructura para atenuar desigualdades, que alentó condiciones de progreso y crecimiento; surgen, con nombre y apellido, programas sociales específicos, con entregas económicas directas a segmentos de la población. Desde los años noventas, los gobiernos privilegiaron la aportación de dinero en respaldo a grupos vulnerables determinados. El Estado benefactor, también lo hizo, pero sus objetivos y la esencia de su "Razón de Estado" se encaminó a generar, ante los enormes desafíos de marginación y pobreza, condiciones de mejoría integral.

La avalancha del esquema mundial liberal y la globalización como paradigma, modificaron en todos los continentes los sistemas económicos y sociales. El influjo, se convirtió, para muchos países, en una exigencia, en una realidad impostergable, a la que había que adaptarse.

Esa influencia marcó en distintos lugares del hemisferio, los límites del Estado bienestar. Sin embargo, al incorporarse México al modelo económico de liberalismo avanzado, cabe hacer las siguientes preguntas: ¿Era necesario despojar al Estado de actividades productivas, de la prestación de servicios y de un patrimonio construido durante décadas, que dieron resultados satisfactorios? ¿La transferencia de potestades y bienes a agentes privados favoreció las condiciones sociales de algún rubro de la población? ¿Acaso iban a disminuir las crecientes demandas sociales? ¿Quién, si no es el Estado, el que puede dar respuesta inmediata en hechos emergentes, o ante situaciones colectivas adversas?

La mudanza del paradigma económico-social, no se corresponde necesariamente, con aminorar el aparato público, ni la entrega de acervos colectivos, ni la atención tan necesaria en asuntos comunitarios. Un Estado sólido, bien cimentado, requiere de recursos profesionales y materiales estimables. Esta condición no se traduce en una autoridad excesiva. Por eso la importancia de una administración pública capacitada, para cumplir con eficiencia las funciones encomendadas, con vocación de servicio y valores sociales. Los gobiernos requieren brazos ejecutores para la conservación, dominio y promoción de responsabilidades políticas y sociales.

Entonces, conviene interrogarnos, sí la adjudicación privada en áreas económicas y productivas, en las que quedó al margen el Estado bienestar, favoreció las condiciones sociales de la población. A nuestro juicio la respuesta es no. Podemos afirmar, -la historia es reveladora y los acontecimientos actuales lo constatan- la necesidad de la rectoría pública en ámbitos comerciales y económicos; el dominio del Estado en áreas estratégicas y prioritarias, en la atención de actividades esenciales de sectores y grupos desprotegidos. Es indispensable, también, la capacidad pública para impulsar y ordenar desajustes del mercado y evitar excesos.

Continuará...