¿Militarización?

“Soy el general de los pobres” / “Hay que cuidar a los ricos para que den más”

Augusto Pinochet 

Durante la conferencia matutina del pasado 17 de julio en Manzanillo, Colima, el presidente López Obrador hizo un anuncio al que debemos poner atención, por las implicaciones políticas que puede tener en el futuro de nuestra democracia.

No, no se refirió al nombramiento de consejeros del INE que se formalizaría días más tarde, sino a la orden que como comandante en jefe de las fuerzas armadas giró a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, para que asuman la vigilancia y administración de las aduanas terrestres, fronterizas e interiores, así como de las aduanas marítimas y los puertos, tareas todas que la ley encomienda al gobierno civil.

A decir del presidente, su decisión está motivada en la mala administración, el mal manejo, la corrupción, el contrabando, la introducción de drogas y otros actos ilícitos que se practican cotidianamente en aduanas y puertos, argumentos que por ser una antigua percepción pública suenan no solo creíbles, sino altamente plausibles en el marco de la lucha contra la corrupción, que es emblema de la 4T.

Y ¿cómo no creerlo? Si el mismo Director General de Aduanas, Horacio Duarte, revela que de 49 aduanas existentes en el país, siete administradores han dejado su cargo, uno más renunció, dos habían sido removidos antes de su llegada (es el segundo director en este gobierno) y 6 más están siendo investigados, además del Director General que ahora es desplazado. A ese paso no alcanzaría el sexenio para sanearlas, y es por ello que se entrega el control a soldados y marinos, reconociendo implícitamente que la corrupción no termina por la sola decisión presidencial, y que como Duarte  no pudo cumplir con la misión de limpieza que se le encomendó, porque el tamaño de la corrupción y la impunidad en el sector rebasa a cualquiera.

La pregunta es si la decisión de utilizar fuerzas castrenses es correcta por presuponer su incorruptibilidad, igual que suponíamos su imbatibilidad hasta que en octubre pasado debió dejarse en libertad a un presunto delincuente, porque el lugar de residencia de las familias de los efectivos militares en Culiacán estaba rodeado por civiles armados que amenazaban sus vidas, en uno de los más grandes chantajes internos que un gobierno haya enfrentado.

Es obvio que desde el punto de vista jurídico la instrucción no tiene sustento. El Comandante está actuando fuera de la Ley y ambas Secretarías tendrían la posibilidad de no acatar la orden por ese motivo, lo que desde luego no sucederá.

La Ley Aduanera cuya última reforma se publicó el pasado 1º de julio, es muy precisa en señalar que las autoridades aduaneras dependientes de la Secretaría de Hacienda, gozan de una facultad exclusiva para controlar la entrada y salida de mercancías al territorio nacional, lo cual tiene una indisoluble relación con la recaudación de los impuestos de importación y exportación, por lo que para despojarlas de esa facultad es indispensable que previamente se modifique la ley.

Por su parte, la regulación de los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias no militares, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, protección y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios, corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por disposición de la Ley de Puertos.

El Ejército y la Marina no son perfectos pero son, sin duda, dos de las instituciones socialmente más reconocidas y respetadas; la función que la Constitución les encomienda es defender el territorio y la soberanía nacional de cualquier amenaza extranjera, garantizar la seguridad interior, e incluso salvaguardar a la población en caso de desastre, pero el utilizarlas indiscriminadamente y al margen de la ley en funciones ajenas a su objeto, representa serios riesgos para los derechos civiles.

Por décadas ha estado en la discusión pública la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y uno de los principales críticos de ese papel fue el hoy presidente de la República; ahora ya es constitucional esa participación y son las fuerzas castrenses la base de la Guardia Nacional, la mayor corporación policiaca de México. Además de su legitimación en esa área, de diciembre de 2018 a la fecha se han venido incorporando a la capacitación policiaca, al apoyo de programas sociales, a la construcción y hasta la contención de la crisis sanitaria.

Se les encomendó la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y tendrán la administración de ese aeropuerto que prestará servicios civiles, recibiendo una participación en las utilidades, lo que los mandos militares denominan eufemísticamente “regalías”; construirán 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, 236 cuarteles de la Guardia Nacional, hospitales que también administrarán, así como caminos y carreteras en lugares afectados por la violencia; se les asignaron tareas de reforestación en coparticipación con la comunidad; ejercen control migratorio en la frontera sur y atienden la pandemia, entre otras.  

De las 230 mil sesenta y cuatro plazas que fueron autorizadas al Ejército en el presupuesto para el presente año, 47 mil 864 que representan el 20.8% del total están dedicadas de tiempo completo a funciones que no son propias de la milicia, y este porcentaje se verá incrementado con la orden de apoyar durante todo este sexenio a la guardia nacional y con la administración de puertos y aduanas.

La asignación ilegal de tareas a las fuerzas armadas es el camino a un gobierno de facto, exista o no esa voluntad en el Ejecutivo, y si bien tiene una justificación inmediata, puede parecerse a la luna y tener un lado oscuro que en este momento es difícil de ver, pero que la experiencia latinoamericana nos puede iluminar.  

En la medida en que se vayan cediendo más áreas de control, el gobierno civil tendrá un mayor riesgo de desaparecer, porque la tentación económica y de poder es mucha.

Con la renuncia de Javier Jiménez Espriú a la SCT, cayó la primera víctima civil.