Coparmex propone remedios solidarios contra el desempleo

Los Mochis, Sin.- Con la intención de conservar el empleo en México, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó una estrategia de soluciones compartidas, llamada ‘remedios solidarios’, en la que trabajadores, gobierno y empresas se comprometan a colaborar en este proyecto con recursos.

Jorge López Valencia, Presidente del Centro Empresarial del Valle del Fuerte, explicó que se trata de un esquema de participación tripartita en el que trabajadores, Gobierno y empresas, se unen con el objetivo de preservar puestos de trabajo en la crisis sanitaria, bajo tres modalidades: el Salario Solidario, el Seguro Solidario y el Bono Solidario.

Salario Solidario, es una retribución menor o igual al salario con el que cuenta cada trabajador. Está compuesto por las contribuciones del gobierno, las empresas y los trabajadores, para evitar despidos ocasionados por la caída de los ingresos que enfrentan las empresas por la COVID-19" reveló.

La Coparmex indicó que esta medida ya se está aplicando en 54 países, entre ellos Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.

"El Salario Solidario se dirige a las empresas que,  tuvieron que cerrar sus operaciones; aquellas cuyo giro fue calificado como no esencial  comprende los meses de confinamiento (abril, mayo y junio) así como los dos meses de recuperación gradual (julio y agosto)", precisó. 

Con el Salario Solidario mitigaría el cierre de empresas y el despido de millones de trabajadores formales, con un costo de implementación estimado de 0.7 por ciento del PIB.

"Seguro Solidario es un apoyo equivalente a un salario mínimo general (3,696.6 pesos) para todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo por el Covid-19", añadió. 

Empleo formal en México hasta marzo del 2020 era de alrededor de 21 millones 500 mil personas, durante marzo abril y mayo se perdió un millón 500 mil empleos y este esquema tendría un conato económico de 204 mil millones de pesos.

Para financiarlo los empresarios  piden que el Gobierno adquiera  deuda pública o reoriente el gasto público, cancelando obra no esencial como el aeropuerto de Santa Lucia, Refinería Dos Bocas y el  Tren Maya.

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