Abogado considera que se debe hacer pública lista de personas contagiadas por Covid-19

Los Mochis, Sin.- Covid-19 es un tema controversial en materia de Derecho, debido a que los juristas analizan qué derecho debe ponderarse ante la pandemia por coronavirus: si el personal o el colectivo.

Esto en el sentido de cuál debe ser el manejo de los datos e información personal de los pacientes confirmados -por medio de estudios epidemiológicos- y los fallecidos por esta enfermedad. Es decir, si las autoridades sanitarias deben hacer públicos sus nombres.

La duda surge ante la posibilidad de que con esta información, quienes hayan estado en contacto con ellos, pudieran tomar medidas preventivas inmediatas y con éstas contener con mayor eficacia la propagación del virus.

El Director de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Zona Norte, Milton Ayala Vega, considera que ante la magnitud de la pandemia, los derechos individuales no deben estar por encima de la colectividad.

“Luigi Ferrajoli en uno de sus libros de derechos fundamentales establece que, los derechos personales e individuales no deben estar por encima de los derechos colectivos; en este caso, la colectividad, o sea, la sociedad, tiene un mayor derecho de protección”.

“Desde mi punto de vista personal, sí se debería de hacer pública la lista de personas contagiadas, confirmadas; no sospechosas, porque puede ser que una persona sospechosa tenga esa circunstancia y resulte que en la prueba salga negativa; pero, las personas que sí estén confirmadas y que fallecieron por eso, sí se debería de hacer público, cuando menos el nombre porque… no la dirección, ni mucho menos datos otros datos personales; pero para que en efecto las personas que tuvieron contacto con ellos se pongan en cuarentena sino tienen síntomas y puedan acudir a hacerse las pruebas, porque de la otra forma se deja a la sociedad en un estado de incertidumbre respecto de quiénes pudieran ser portadores del virus Covid-19”, indicó.

Ayala Vega señaló que en el país la comunidad médica se rige bajo la Norma Oficial Mexicana que establece que los expedientes clínicos deben ser privados; además, la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos define el derecho a la intimidad, y el padecimiento de una enfermedad es algo íntimo; por lo que reconoció que este tema es una dilema también para las autoridades sanitarias.

Sin embargo, señaló que reconocidos estudiosos del derecho como Luigi Ferrajoli en su libro, L"fundamentos de los derechos fundamentales", abre el tema al debate entre la ética y legalidad y, tras varios análisis, en todos los escenarios prioriza a la sociedad.

Pese a esto, el Director de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UAS, observó que en México la autoridad, además del tema ético-legal, también se enfrenta a la postura que pudieran adoptar ciertos grupos civiles con respecto a los enfermos por Covid-19, sus familias y quienes tuvieron contacto con ellos.

“Si bien, es cierto, en nuestro país, México, todavía somos un país subdesarrollado, pues es  complicado este tema y la gente no le da cuidado a la información y sí pudiera ser cuestiones de ataque de otra índole, es lo que se enfrentan al momento de dar la información; pero, en la realidad, si tuviéramos los nombres deberíamos de asumirlos con responsabilidad para efecto de tomar las medidas, y no para tomar represalias contra las personas que tuvieron contacto con ellos, o discriminarlos”, expresó.

Finalmente, reiteró que el derecho colectivo es prioritario, e indicó que quienes deseen conocer esta información pueden acudir a los juzgados federales a solicitar un juicio de amparo, debido a que la salud individual y colectiva, son derechos fundamentales que la autoridad está obligada a garantizar a través de todos los mecanismos de prevención, entre ellos, la información real y detallada.

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