¿Hacia la soberanía alimentaria?

"El modelo económico de una nación debe estar al servicio de las necesidades de un pueblo y no en beneficio de una minoría”

Hugo Chávez

Aunque semioculta en los medios bajo el manto de la sentencia de cadena perpetua impuesta a Joaquín Guzmán Loera, la movilización de más de 50 mil productores agrícolas en manifestaciones y bloqueos de carreteras, dejó en claro que la política agropecuaria del gobierno de la 4T no está completa, o al menos debe ser repensada para introducir equilibrios entre los dos mundos que en México componen este sector de la economía.

Nadie puede discutir la validez del planteamiento presidencial de entregar apoyos a los campesinos más pobres, pero esta acción no debe excluir la atención de los agricultores que producen más allá de los límites de la subsistencia, porque es en ellos en los que el Presidente encontrará un impulso para el crecimiento económico y un sólido sustento para hacer realidad una de sus principales promesas de campaña, que es lograr la soberanía alimentaria.

Es en los medianos y grandes agricultores, en los que desarrollan una agricultura tecnificada, en los que generan una alta productividad de la tierra, en quienes puede  apoyarse el gobierno y crear la capacidad de la nación para establecer sus propias políticas de producción de los alimentos que requiere la población, garantizándole una alimentación accesible, suficiente, segura, nutritiva, de calidad y sostenible, y que además evite la dependencia respecto de otros países; así como para generar los recursos que deben destinarse a los campesinos más desprotegidos.

Perder de vista este hecho no solo significa una exclusión inaceptable, sino constituye un error desde el punto de vista económico y social, porque implica renunciar a que continúe funcionado una forma de producción que ha probado su rentabilidad, cuando deberían dirigirse los apoyos a generalizar el uso de tecnología, y no solo a la entrega directa de recursos para paliar el hambre, sin un sistema de controles que garantice que el dinero entregado será aplicado al destino que el gobierno pretende.

El gobierno actual, en su afán de terminar con el neoliberalismo, pretende desaparecer los aspectos positivos de ese sistema, al extremo de soslayar los estudios que las propias instituciones han realizado, sin tomarlos en cuenta para corregirlos; y esa visión le impide generar políticas públicas diferenciadas y focalizadas, que sean útiles para atender la problemática de un país enormemente heterogéneo, con problemáticas y opciones regionales diferentes, que requieren de apoyos diferentes.

No parece que nuestras autoridades federales tengan conciencia de que, según datos del INEGI, de los  195 millones 924 mil 800 hectáreas de la superficie de nuestro territorio, apenas el 16 por ciento, es decir 31 millones 974 mil 800 hectáreas se destina a producción agrícola en cultivos de riego y de temporal; mientras que el 40 por ciento, 78 millones 283 mil hectáreas es vegetación silvestre que se emplea como alimento de ganado, lo que junto con la distribución de la tierra explica la enorme dependencia alimentaria del país con el exterior, principalmente de Estados Unidos.

Tampoco parece que las autoridades hayan revisado que de la superficie agrícola total, se siembran  aproximadamente 22 millones de hectáreas por año; y que de ellas sólo 6.5 millones cuentan con algún sistema de riego. Es en estas últimas en las que se obtiene más de la mitad de la producción agrícola nacional, ya que una hectárea de riego es al menos tres veces más productiva que una de temporal, proporción que puede ampliarse mediante la utilización de tecnología.

Otro problema que la política agropecuaria del actual régimen no está tomando en cuenta es el excesivo parcelamiento de nuestro suelo rural, pues según datos del Programa de Certificación de Ejidos (PROCEDE), 36 de los 184 distritos de desarrollo rural, es decir 19.6% se componen de parcelas con superficie promedio de 3.1 hectáreas.

A nivel nacional, cada ejidatario posee en promedio 9.2 hectáreas, pero la mitad de ellos tiene hasta cinco hectáreas y ésta es la superficie máxima de 91% de los posesionarios; quienes están en considerable desventaja al contar en promedio con una superficie apenas ligeramente mayor a la cuarta parte de la que poseen los primeros. Una cuarta parte de los ejidatarios tiene entre cinco y 10 hectáreas y sólo 3.9% de los posesionarios tienen este último rango de superficie.

El minifundio es indiscutiblemente una limitante a la viabilidad económica de la producción agrícola y necesariamente constituye un impedimento para el desarrollo rural del país, realidad que no puede mejorarse con apoyos económicos directos y sin controles a los campesinos. Se requiere impulsar programas de reagrupamiento para la producción colectiva, bajo esquemas que no permitan el aprovechamiento de unos sobre otros, que ha sido problema constante desde la instauración del régimen ejidal.

Por eso creemos que no es fomentando la división entre productores ricos y pobres, no es interpretando el postulado “primero los pobres” en un plano de extremos que a la postre termina excluyendo a otros que también son campesinos, como los pobres son agricultores.

Criticar a los hombres del campo que conducen “camionetotas” es un signo de ignorancia de las condiciones en que se realiza el trabajo del campo, es tanto como cuestionar el hecho de que se utilicen tractores, sembradoras, aviones fumigadores y trilladoras para hacer eficiente el trabajo, o como descalificar la instalación de invernaderos y, en general, la aplicación de tecnología en el campo.

Al descalificar las expresiones de desacuerdo, al etiquetar como “adversarios” a los inconformes, López Obrador se aparta de su investidura para ubicarse en la de líder de un movimiento cerrado, al que ningún mexicano puede aportar ideas para mejorar. La Presidencia de la República se convierte así en instrumento al servicio de un conjunto de ideas preconcebidas que no pueden ser modificadas en lo más mínimo y, por lo tanto impuestas autoritariamente.

Ayudar a los pobres no significa cambiarlos de ubicación con los que no lo son.