CNTE y autoritarismo

“Ya es hora de reaccionar contra lo que nos ofende  y nos doblega autoritariamente". Conde de Lautréamont.

Al terminar la semana pasada se levantó el bloqueo de la CNTE a la Cámara de Diputados en la CDMX; se fueron los apócrifos mentores a sus lugares de origen, luego de dialogar con los secretarios de Gobernación y de Educación Pública, y con el Coordinador de la mayoría morenista en esa cámara, Mario Delgado.

Se fueron presumiendo –por ambas partes- que se lograron los objetivos del diálogo, los que en el ámbito gubernamental seguramente se limitaban a lo urgente, que era desalojar los alrededores de San Lázaro para que los diputados pudieran continuar con la función legislativa interrumpida.

La coordinadora magisterial no parece haber satisfecho sus exigencias iniciales, que al cerrar los accesos al recinto parlamentario anunciaron como la asignación automática de plazas, es decir, que no se practique una evaluación de idoneidad para el ejercicio docente a los egresados de las normales; impedir que las comisiones legislativas dictaminaran la nueva reforma educativa; y que se incluya en la contrarreforma un artículo transitorio que permita a esa organización recuperar legalmente el control de la asignación de plazas, que ilegalmente ejercían en Oaxaca; y, por si fuera poco, que no se apruebe en comisiones el dictamen si la CNTE no ha dado su visto bueno.

La retirada fue simplemente táctica, pues van a sus bastiones a solicitar que las bases ratifiquen lo acordado con las autoridades, lo que se antoja difícil porque a decir de éstas, habrá transparencia en todos los mecanismos de asignación y ocupación de plazas, desde las de ingreso hasta las de promoción, decisión que choca con la demanda de los disidentes.

El comunicado oficial sobre la reunión de diálogo no refleja seguridad en el arreglo, al asentar en su parte final que a partir del próximo lunes se reanudarán las actividades en el Cámara y “se valorarán las condiciones” para poder programar reuniones de las comisiones, a fin de avanzar en el dictamen. Tampoco ayudará a la ratificación de los acuerdos lo manifestado públicamente por el Presidente López Obrador, en el sentido de que este gremio “no tiene ganas”, ni está buscando manejar las plazas, lo que contradice la postura inicial de los manifestantes.

La actitud asumida por la CNTE en el bloqueo de accesos a la cámara, igual que en  el de las vías férreas de hace algunas semanas en Michoacán, y los que ha practicado desde hace años en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la CDMX, evidencian una actitud tan intransigente que si fueran gobierno podría calificarse de autoritaria, porque siempre se acompaña del chantaje y la agresión. Sin embargo, el primer mandatario reiteró que no usará la fuerza pública para reprimir, para que no lo acusen de represor y autoritario, aunque advirtió que no quiere intransigencias.

En poco más de cien días de gobierno la intransigencia ha sido la marca en el actuar de la CNTE, en un nivel que raya en el reto abierto a la autoridad, por lo que cabe preguntarse qué hará el gobierno mexicano para evitarla o revertirla.

Porque no es solo el caso de esa organización, basta mirar al pasado inmediato para visualizar las huelgas en las maquiladoras de Coahuila que pusieron en riesgo la inversión extranjera directa, o recorrer las carreteras de Sonora, donde más de la mitad de las casetas de peaje se encuentran fuera del control de la autoridad.

Se advierte en la postura oficial temor frente al uso de la fuerza legítima del Estado, para evitar que un grupo de personas perjudique los derechos de otros individuos o se involucre en prácticas ilegales, como puede definirse el término represión.

La represión es legal cuando está prevista en la constitución y en la ley, y es legítima cuando está encaminada a hacer prevalecer el Estado de Derecho. La autoridad no puede darse el lujo de renunciar a esta facultad cuando el actuar de un grupo evidentemente minoritario, como es el caso que nos ocupa, realiza acciones para impedir el funcionamiento de las instituciones, porque con ello se perjudica al conjunto de la sociedad.

Nadie en su sano juicio exigirá que se haga uso indiscriminado de la fuerza, pero el Estado y sus instituciones no pueden permitir que ningún grupo o individuo se ubique por encima de ellas, como ahora pretende la CNTE al convertirse en sensor de la actividad legislativa, con su intención de que no se apruebe el dictamen de la contrarreforma educativa, sin que ellos den su visto bueno.

El gobernante debe estar consciente de que el papel del Estado no es solo administrar recursos, realizar obras e implementar programas; debe también generar las condiciones para que el ejercicio de las libertades ciudadanas no se vea reducido por que el actuar de algunos.

El primer mandatario sabe que en política el que cede poco, cede poco a poco; por eso aclaró en su momento que no cedería a presiones en el caso de las estancias infantiles; y sabe que cuando el Estado cede se encamina a la anarquía, donde cada cual hará lo que le convenga, sin temor alguno a consecuencias; y tarde o temprano tendrá que recurrir al uso de la fuerza para evitar el caos.

Negarse ahora a hacerlo es solo recorrer en el tiempo una decisión que tendrá que tomarse cuando las preferencias populares hayan sido objeto del natural e inevitable desgaste, que ningún gobernante ha logrado detener a lo largo de la historia.

Teme también el primer mandatario incurrir en autoritarismo, que no es eso lo que él quiere, ni lo que queremos los mexicanos. Simplemente no lo haga.