Resistencias y rebeliones

“En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión, suena mi pueblo suena la razón”. "Clandestino" (1998), Manu Chao.

Si pudiera hacerse un recuento completo y rápido de los cambios que el Estado y la sociedad han sufrido en la historia de la humanidad, nos daríamos cuenta de que no existe uno solo, sea político, social, económico, cultural o espiritual, que no enfrente de inicio una o varias resistencias e incluso rebeliones. El más famoso ejemplo es quizá el de la doctrina cristiana, la de Cristo el hijo de Dios, que también enfrentó la oposición férrea de un sistema que se negaba a morir.

Ejemplos domésticos son la primera, segunda y tercera transformación; los períodos tormentosos de la lucha de independencia y la confrontación entre centralismo y federalismo del siglo XIX, la guerra de reforma, el triunfo maderista, la revolución y la primera alternancia encabezada por Vicente Fox, así como otras etapas en las que los grupos de poder desplazados pretendieron, como diría Marx, volver atrás la rueda de la historia.

Aun no iniciaba formalmente el gobierno de López Obrador y la expectativa de cambio generaba inquietud y nerviosismo, en buena parte por la falta de claridad respecto a la forma en que los cambios anunciados se llevarán a cabo. La política de comunicación en campaña no fue la adecuada para calmar ánimos adversos, y parece que las diarias conferencias de prensa no han podido contrarrestar los mensajes asociados a decisiones como la cancelación –siempre no-a lo mejor sí- de la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para legitimar la designación de los llamados super-delegados o la creación de la guardia nacional.

En un entorno de cambio de sistema, los grupos que se sienten desplazados interpretan más los hechos que las palabras, y reaccionan a la falta de definición de los “comos”, pues es en ellos donde esperan encontrar ubicación y supervivencia.

Por ejemplo, los gobernadores de los estados, particularmente los emanados del PRI, del PAN y del PRD, vieron amenazado su coto de poder y acusaron que la nueva figura de coordinadores de programas de desarrollo, que reportarán directamente a la presidencia de la república, constituyen gobiernos paralelos que violan la soberanía de los Estados, y de la mano de no pocos analistas, la calificaron como una intentona de concentrar los tres poderes en uno solo, o de concentrar el poder político en una sola persona. Yo mismo he advertido en este espacio la existencia de esos riesgos.

Antes de la toma de posesión, ese mismo tema produjo la primera resistencia de algunos gobernadores. Primero los provenientes del PAN publicaron una carta en la que protestaron contra la que definieron como la forma de control político y económico que pretende utilizar el gobierno federal; inmediatamente después Enrique Alfaro, aún como gobernador electo de Jalisco por MC, reunió a las “fuerzas vivas” del estado, para pronunciar un discurso de férrea defensa del federalismo.

Más tarde vino el anuncio de creación de la Guardia Nacional con efectivos de las policías militar y naval, además de la policía federal, generó nuevas críticas y resistencias básicamente porque el proyecto tenía previsto que la coordinación de las actividades de seguridad pública y pacificación recaería en los superdelegados, lo que se interpretó como un desplazamiento de los gobernadores.

A eso se le dio en llamar “la rebelión de los gobernadores”, porque fue un reclamo general hacia el Presidente de la República en su primera reunión con los integrantes de la CONAGO. Ya como Presidente Constitucional, López Obrador instruyó para que los gobernadores asumieran el papel protagónico y encabezaran las coordinaciones de seguridad, lo que algunos analista interpretaron como una reculada, pero que si se ve con buenos ojos puede tomarse como un mensaje de conciliación, colaboración, ajuste y flexibilidad que políticamente suma a la legitimidad presidencial.

Pero el tema que más ha generado resistencia casi al grado de la rebelión, proviene del seno mismo del aparato estatal de la federación. El establecimiento de topes al ingreso de los servidores públicos, formalizado con la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y el hecho de que el titular del Poder Ejecutivo se haya autoasignado una percepción de 108 mil pesos mensuales, generó reacciones y resistencias en los tres poderes de la federación y en órganos autónomos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió fuego con una Acción de Inconstitucionalidad, a la que siguieron 440 juicios de amparo que incluyen a 2 mil 194 quejosos entre magistrados jueces y secretarios del Poder Judicial de la Federación, amparos colectivos de alrededor de 40 mil empleados del mismo poder, una Acción de Inconstitucionalidad más, ahora de los senadores del PRI, PAN y PRD, y el amparo del Consejero del INE Benito Nacif, lista que seguramente continuará creciendo.

Turnada la inconformidad de la minoría senatorial al Ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán, se otorgó la suspensión para efecto de que las remuneraciones que actualmente perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos federales para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelve el fondo de la controversia.

Esta controvertida Ley es de carácter federal, por lo que solo aplica para los Poderes y órganos autónomos con ese carácter; pero la existencia de mayorías de Morena en gran parte de las legislaturas de los estados, hace previsible que en cada entidad habrá réplicas de esa Ley. Sinaloa cuenta desde 2011 con la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuyo artículo 8º dispone que ningún servidor público podrá percibir una remuneración superior a la del titular del Poder Ejecutivo Estatal, más nada impide que sea modificada.

Como ya lo hizo en el caso de los gobernadores, no puede descartarse que el Presidente de la República acate una eventual declaratoria de inconstitucionalidad por la SCJN; y que se dé a esta controversia una solución negociada.

Sería plausible, porque un país nunca será mejor si se estaciona en el campo del autoritarismo y la barbarie. Solo  seremos mejores si aprendemos a generar lo nuevo evitando la muerte y la destrucción.