Decisiones precipitadas

Apenas asumió Alberto Elías Beltrán su función como encargado del despacho de la Procuraduría General de la República el pasado 16 de octubre, para cubrir la vacante que dejó con su renuncia el constitucionalista Raúl Cervantes Ahumada, y cuatro días después cobró su primera víctima, al ordenar la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, bajo el argumento de haber violado el Código de Conducta de la PGR.

La inusualmente rápida acción destitutoria se desprende de la denuncia pública que el Fiscal de delitos electorales realizó en entrevista para un diario nacional, al que reveló las presiones de que era objeto por parte del ex Director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, para que el fiscal declarara públicamente su inocencia en la investigación abierta por la Fepade en agosto pasado, relacionada con los supuestos sobornos presuntamente entregados a Lozoya por la tristemente célebre empresa brasileña  Odebrecht, uno de cuyos directivos señaló que presuntamente se destinarían a campañas del PRI.

Al menos en el escueto comunicado de prensa con el que la PGR dio a conocer la destitución, no se especifica cuál es el principio, valor o regla de integridad que se presumen violadas, ni anunció si emprendería alguna acción legal contra el destituido Fiscal, lo que deja el caso abierto a la especulación, dado que el asunto en el que se podría presumir una violación a la secrecía de la investigación se relaciona con posible corrupción; y siembra la duda si con el actuar fulminante se castiga el hecho de que el Fiscal haya sido políticamente incorrecto, o si se pretende cubrir el presunto acto de corrupción.

Lo cierto es que la decisión se antoja precipitada desde todo punto de vista, primero porque se despoja al sistema electoral del titular de un órgano de vigilancia y persecución de delitos electorales, en pleno proceso electoral; y se antoja imposible que en menos de 48 horas que mediaron entre la publicación de la entrevista y la destitución, se hubiera instruido un procedimiento que satisficiera las reglas del debido proceso, para demostrar que con la declaración pública se violó la secrecía del procedimiento penal. Igualmente queda en duda si el encargado del despacho de la PGR actuó por su propio impulso o si recibió una instrucción superior. 

Si fue decisión personal, es sumamente grave que el encargado de conducir el trabajo del ministerio público federal resulte ser reactivo, o mecha corta como coloquialmente decimos, y no proactivo, pues pese a su currículum publicado, revelaría la falta de oficio para el desempeño de un cargo público, al no considerar que con la decisión protectora conducirá los reflectores no solo hacía el propio Lozoya Austin, sino sobre la Presidencia de la República, generando una seria crisis política.

Si su actuación respondió a instrucciones, solo ratificaría la inminente necesidad de dotar a esa institución de la autonomía constitucional, que solo puede hacerse efectiva en el momento en que se designe al Fiscal General de la República; y encontrándose trabado políticamente ese procedimiento, además de pospuesto hasta después de las elecciones del próximo año, por sugerencia del titular del Ejecutivo, constituiría un error político de quien giró la instrucción. 

El encargado del despacho debió, por lo menos, recabar los elementos que le permitieran afirmar e informar que se violó la secrecía del procedimiento penal, pero en el presente caso no puede afirmarse que el revelar la recepción de una carta en la que se solicita la declaración pública de inocencia de uno de los indiciados, sea violatorio del procedimiento, en tanto no se divulga elemento alguno de la investigación. Por el contrario, hubiera sido violatorio que el Fiscal accediera a lo solicitado.

En tanto la PGR no aclare las causas reales de la destitución, quien se torna sospechoso de violar el Código de Conducta es el propio encargado del despacho, pues este conjunto de principios, valores y reglas de integridad fue elaborado, según se asienta en su introducción, por la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración Justicia, que fue creada para promover una nueva cultura al interior de la Institución, uno de cuyos objetivos es el compromiso irrestricto con los derechos humanos. En otras palabras, quien incurre en violación de derechos humanos al no justificar adecuadamente su decisión y al no respetar el debido proceso, como dispone la Constitución, es el propio ejecutor. 

La explicación, más allá de la simple afirmación de que se violó el Código de Conducta, tendrá que presentarla el encargado del despacho ante el Senado, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del 20 de octubre, pues de no hacerlo, seguramente Santiago Nieto será restituido en sus funciones, como ya adelantaron senadores panistas, perredistas y morenistas, cuyos partidos deben estar frotándose las manos por los beneficios políticos que podrán obtener de este nuevo escándalo, ya que aun cuando la destitución se mantenga, tendrán un nuevo elemento para chantajear al PRI y al gobierno, que se suma al suspendido nombramiento del Fiscal General. 

A nuestro juicio, Santiago Nieto fue políticamente incorrecto al ventilar las presiones, pero actuó correctamente al no acceder a una pretensión que enterraría para siempre la posibilidad de sancionar lo que, de comprobarse, sería un serio acto de corrupción. Y actuó correctamente porque se apegó a los compromisos institucionales establecidos en el Código de Conducta de la PGR, como el número 4 que reza: “Actúo con transparencia, aseguro el acceso ciudadano a la información, protejo los datos personales y rindo cuentas”, pero fundamentalmente cumplió con el compromiso número 6: “Identifico, evito y denuncio toda forma de corrupción y conflictos de interés”.

Santiago Nieto actuó, y así lo ha hecho desde que asumió el cargo, como un mexicano responsable que puede convertirse en ícono de la lucha contra la impunidad.

Y hablando de responsabilidades y verdades, ¿Cumplirán los partidos su promesa de aportar recursos para beneficio de los damnificados por los sismos y para la reconstrucción?