Cuotas partidistas y magistraturas electorales

De cara a las elecciones que habrán de celebrarse el próximo año en seis entidades de la República, en las que estarán en juego las gubernaturas de Nayarit, Estado de México y Coahuila, así como a la elección presidencial de 2018, el Senado de la República concluyó el pasado jueves 20 de octubre un episodio más de reparto partidista de posiciones en los órganos del Estado, al designar a los siete nuevos magistrados que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a partir del próximo 4 de noviembre.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le hiciera llegar las ternas de aspirantes, los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD hicieron el 3-2-2 en la asignación, reservando para el PAN los nombramientos de Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña; para el PRI José Luis Vargas Valdez, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Aralí Soto Fragoso; y para el PRD Indalfer Infante Gonzáles (así, con “s”) y Janine Madeline Otálora Malassis.

Por más que se pretenda ocultar, el nombramiento de servidores públicos por los órganos legislativos y por los órganos autónomos pasa siempre por el reparto entre los partidos políticos, en función de la fuerza electoral que cada uno detenta, por lo que tradicionalmente han sido beneficiados solo los tres partidos antes mencionados. 

Así sucedió al integrarse el Instituto Nacional Electoral, así actuó éste órgano al designar consejeros de los órganos electorales de los estados y así funcionó en el Senado la designación de los magistrados de los tribunales electorales locales.

Esta es, desde luego, una práctica que la sociedad rechaza, seguramente porque  proviene de los partidos políticos, cuya identidad con los ciudadanos está extraviada; y el rechazo se justifica sobre todo porque los propios partidos lo niegan y pretenden un gran “engaño democrático” que la ciudadanía no cree, porque se trata, como muchas otras acciones partidistas y gubernamentales, de actos de simulación. 

Hace bastante tiempo que un amplio sector de la sociedad mexicana no está dispuesta a consumir esa política chatarra, y la clase política parece no advertirlo, a juzgar por la repetición de esas acciones. 

Es probable que el mismo bocado pudiera ser tragado si no se condimenta con la simulación, que es lo que produce ese sabor amargo. Si los políticos reconocieran que están ofendiendo la inteligencia de los mexicanos, se darían a la tarea de modificar sus acciones y con ellas la regulación de los procedimientos de designación, para garantizar que efectivamente lleguen a los cargos los mejores hombres y las mejores mujeres en cada campo específico de la función pública. Pudieran incluso legitimar la asignación por cuotas partidistas, como un instrumento propio de la democracia, pues a fin de cuentas en este sistema son y serán siempre los partidos políticos quienes tomarán la decisión final.

Por regla general, los procedimientos simulados generan duda sobre la capacidad de los nombrados, les restan legitimidad y erosionan la confianza en que su actuación será apegada a la ley y a la justicia y no al interés faccioso.

En el caso que nos ocupa, queda en evidencia que al privilegiar el reparto de cuotas se descuida el análisis sobre cuestiones de fondo, y que no existe un real ejercicio de comparación de perfiles profesionales de los propuestos, ya que todo se hace en “lo oscurito”, haciendo que el principio de máxima publicidad que las propias cámaras del Congreso han insertado en las distintas reformas constitucionales se ve tempranamente como letra muerta. ¿Por qué tanto miedo a que se conozcan los métodos de selección?  

En sus declaraciones, los senadores Emilio Gamboa (PRI) y Miguel Barbosa (PRD) afirman que fueron seleccionados los mejores hombres y mujeres para integrar el máximo tribunal electoral del país, pero no ofrecen un solo elemento de prueba que permita constatarlo, pues la actuación de los órganos internos del senado puede tener todo, menos un carácter público.

En lo que pareciera una decisión compensatoria por la falta de igual de género, se decidió que los nombramientos de Mónica Aralí Soto Fragoso y Janine Madeline Otálora Malassis fueran por nueve años, el tiempo máximo de duración del cargo, al igual que el de Felipe de la Mata Pizaña. Por pura casualidad, estos tres nombramientos fueron respaldados, en su orden, por el PRI, el PRD y el PAN. A Felipe Alfredo Fuentes Barrera (PRI) y Reyes Rodríguez Mondragón (PAN) se les nombró por seis años; y a José Luis Vargas Valdez (PRI) e Indalfer Infante Gonzáles (PRD) se les designó por tres años, 

Una evidencia más del poco cuidado que quienes deciden pusieron en la fase final del procedimiento de selección, es que al día siguiente de haber aprobado los nombramientos, se dieron cuenta que el escalonamiento en la duración de los nombramientos, podía lograrse con períodos más prolongados y cercanos a la máxima duración permitida, por lo que ni tardos ni perezosos propusieron reformar el decreto que apenas cumplía 24 horas de vida (ni siquiera se había publicado en el Diario Oficial). El nuevo acuerdo deberá resolverse “fast track” antes del cuatro de noviembre, fecha en que iniciarán sus funciones los nuevos magistrados, por lo que el proceso parlamentario deberá acelerarse al máximo para modificar el artículo transitorio del decreto con el que se establece dicho escalonamiento, de tal manera que los designados originalmente para fungir durante seis años, lo hagan por ocho, y quienes fueron designados por tres años lo sean por seis. 

Podrá argumentarse que la participación de la SCJN en la parte inicial del procedimiento le reviste de mayor legitimidad, pero lo cierto es que no limita ni excluye la posibilidad del reparto de cuotas; además de que no es suficiente para garantizar que al cargo de magistrado electoral accedan los más capacitados y experimentados, pues también en el seno del máximo tribunal constitucional de la República operan los partidos.

Sumado ello que los criterios de selección de la SCJN resultan discriminatorios al privilegiar a quienes hayan participado en la carrera judicial, al tiempo que excluye a profesionistas que se han desarrollado en forma independiente de ese y otros poderes, y que pudieran aportar una visión ciudadanizada de la forma en que las tareas públicas deben desempeñarse, sin perjuicio de la capacidad profesional para hacerlo.

Nadie puede negar que los magistrados recién nombrados sean profesionales del derecho altamente calificados y con experiencia, pero con el procedimiento desarrollado, nadie puede afirmar que sean los mejores entre todos los que aspiraron al nombramiento.

Los nuevos jueces electorales serán la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y tendrán competencia para conocer y resolver en definitiva las impugnaciones que se presenten contra las elecciones federales de Diputados, Senadores, y Presidente de la República, así como contra los comicios para elegir gobernadores de los Estados, entre otras cosas. Es decir que tendrán la última palabra para dirimir las controversias electorales y la protección de los derechos políticos de los ciudadanos, lo cual no es poca cosa.

¿Quiénes son?

José Luis Vargas Valdez es licenciado en Derecho egresado del ITAM, con maestría en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y es diplomado en Mercadotecnia Política y Campañas Electorales; en Derecho de la Seguridad Nacional por la Universidad de Virginia y en Alta dirección Gubernamental por el IPADE. En su currículum destaca el haber sido Director de Vinculación Institucional, Logística y Proyectos Especiales del CISEN; asesor jurídico de los presidentes del IFE y del IEDF; Secretario Instructor en el TEPJF; coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la SEGOB; y el cargo que mayor exposición mediática le ha dado es el de titular de la FEPADE de 2010 a 2012, del cual fue destituido por presión del PRI, partido al que ahora se atribuye su nombramiento como magistrado.

Indalfer Infante Gonzáles es licenciado en Derecho por la U.A. de Guerrero, con especialización Judicial, en el Instituto de la Judicatura Federal, y otros estudios relacionados con la impartición de justicia en distintas materias. Su carrera profesional la ha desarrollado totalmente en el Poder Judicial de la Federación, contando en su haber la participación en la resolución del Caso Aguas Blancas, bajo el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El impulso de su nombramiento se acredita al PRD.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca, y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Su carrera se ha desarrollado también en el Poder Judicial de la Federación, en el que fue Magistrado de Circuito hasta el momento de su designación como Magistrado electoral, lograda con el apoyo del PAN.

Reyes Rodríguez Mondragón Reyes Rodríguez Mondragón es licenciatura en Derecho por el ITAM, maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, así como en Derecho y Sociedad por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España. Su carrera se ha desarrollado en la administración pública federal, el Senado de la República, el IFE, la SCJN y el TEPJF donde se desempeñó como Magistrado en la Sala Regional Monterrey; tiene un amplio currículum académico y es autor de diversos artículos y capítulos de libros nacionales y extranjeros. Su acceso a la Sala Superior se dio a propuesta del PAN.

Felipe de la Mata Pizaña es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con los doctorados en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla la Mancha, España  y en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha desempeñado actividades docentes en distintas instituciones de educación superior y es autor, coautor o coordinador de una decena de obras, la mitad de las cuales versan sobre temas electorales; se ha desempeñado en diversos cargos de la carrera judicial electoral, como Secretario Auxiliar, Secretario de Estudio y Cuenta y Secretario Instructor y Coordinador General de Asesores de la Presidencia del TEPJF de cuya Sala Superior fue también Secretario General de Acuerdos, además de desempeñarse como Magistrado Electoral de la Sala Regional Especializada del mismo tribunal. Su propuesta fue auspiciada por el PAN.

Mónica Aralí Soto Fragoso, de raíces sinaloenses, es licenciada en Derecho por la UAG, maestra en Educación con especialidad en docencia; diplomada en Derecho Electoral y especialidad en Justicia Electoral. Tiene 22 años de experiencia en materia electoral. Se desempeñó como docente en la UABCS, ocupó diversos cargos en el IFE, fue magistrada del TEE de su natal Baja California Sur, y hasta la fecha de su nombramiento se desempeñó como magistrada en la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, de la que fue presidenta. Su nombramiento se debe a propuesta del PRI.

Janine Madeline Otálora Malassis es licenciada en Derecho por la UNAM y es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbonne de París, ciudad en la que se desempeñó como Secretaria Legislativa y Coordinadora de Secretarios Legislativos del Senado francés; en México fue asesora del Centro de Documentación Legislativa de la UNAM, Secretaria Técnica de Ponencia con diversos Consejeros de la Judicatura Federal y Secretaria Instructora del Magistrado Manuel González Oropeza, actual magistrado en la Sala Superior del TEPJF; también se desempeñó como Magistrada de la Sala Regional del Distrito Federal. Su impulso a la magistratura se atribuye al PRD.