2017: ¿Ni guaruras, ni choferes, ni celulares?

Al iniciar la discusión del presupuesto de egresos del gobierno del estado para 2017, los diputados del Congreso local deben tener claro, antes que nada, que estamos ante el peor escenario financiero que se haya tenido en los últimos años.

El peso sigue perdiendo valor frente al dólar, el petróleo se recupera, pero muy débilmente y los riesgos en los mercados financieros internacionales aumentan, sobre todo en las llamadas economías emergentes, como es el caso de México.

Sin ser catastrofistas, y aún sin considerar las medidas hostiles que podría implementar hacia nuestro país el nuevo gobierno de Estados Unidos, la realidad es que en estos momentos casi todos los indicadores coinciden en que estamos en una situación de alerta y no se ve por donde pueda mejorar este panorama sombrío que se observa en la economía nacional.

Por ello, al igual que la empresa privada, el sector público debe tomar medidas responsables y contundentes para reducir costos inerciales, que además no representan ninguna rentabilidad social (ni política) en la operación del gobierno.

No basta con realizar recortes de manera general en diversos rubros, como los que ya están propuestos en la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso del Estado, en donde se plantean ajustes al gasto de Turismo, Pesca, Cultura, Ciencia y Tecnología, entre otros, porque son anuncios que no le dicen nada nuevo a la ciudadanía.

Para generar un impacto positivo en la opinión pública, será necesario que los titulares de todas las dependencias, que en su momento serán designados por el gobernador electo, Quirino Ordaz, realicen un análisis a fondo que permita identificar las áreas de oportunidad en las que se pueda generar ahorros sustanciales en el gasto operativo.

Es importante que la ciudadanía perciba un sacrificio real de los servidores públicos en todas las áreas, incluyendo a los Ayuntamientos y órganos autónomos.

Para que los gobernados tengan la certeza de que el ajuste al cinturón será parejo, debe haber transparencia total y rendición de cuentas en lo referente a las acciones orientadas a garantizar un ejercicio responsable del gasto.

Por ello, y considerando la difícil situación económica que enfrenta la población, de manera adicional a los recortes anunciados, la nueva administración estatal y los 18 ayuntamientos deberían reducir los salarios y compensaciones de funcionarios de primer nivel y eliminar el presupuesto destinado al pago de teléfonos celulares, comidas, choferes, viajes y viáticos para eventos de promoción personal de funcionarios, desde secretarios hasta directores de departamento.

Por lo que se refiere al gasto en seguridad personal (escoltas) sólo debería mantenerse (de manera acotada y discreta) en los casos estrictamente necesarios, considerando las funciones del servidor público y el riesgo que conlleva su desempeño, como el Gobernador y los titulares de las secretarías de Gobierno, Administración y Finanzas, Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia.

En el caso de los Ayuntamientos solo se justifica el gasto de seguridad personal en los Presidentes Municipales y Secretarios o Directores de Seguridad Pública.  

Durante la revisión del gasto operativo de las dependencias de gobierno, los titulares de las mismas encontrarán, muy probablemente, otros conceptos que también pudieran ser eliminados, lo que ayudaría a adelgazar aún más el presupuesto.

El inicio de un nuevo gobierno siempre es una buena oportunidad para eliminar inercias, replantear objetivos, mejorar resultados y ganar la confianza de los ciudadanos con acciones responsables.

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Rendición de cuentas… sí, pero ¿y la ciudadanía qué papel juega en esto? Se habla mucho de la nueva normatividad en materia de transparencia en el gasto del gobierno, pero es evidente que aún falta mucha participación de la sociedad en la supervisión del mismo.

El Gobernador y los Alcaldes informan de inversiones en centros de salud, escuelas, espacios deportivos y diversos servicios, pero la realidad es que no sabemos si ese recurso ha sido autorizado como consecuencia de una justificada demanda social, o bien, sigue imperando la decisión personal y paternalista de los gobernantes.

Bienvenidas las iniciativas para la creación de consejos ciudadanos de vigilancia del gasto público, como ya ocurre, aunque de manera incipiente, en algunos gobiernos municipales.

Estos y otros esquemas de participación social deberían multiplicarse en las siguientes administraciones, como es el caso del programa Cabildo Abierto, impulsado por el alcalde de Culiacán, Sergio Torres, que ya es parte de la Ley de Gobierno Municipal que rige a los 18 Ayuntamientos de la entidad, gracias a la reforma recientemente aprobada por el Congreso del Estado en esa materia.

Twitter: @victortorres_mx